FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO Y COMPARADO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS FINANCIEROS

FISCALIDAD SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PROTEGIDOS. PLANES DE PENSIONES, MUTUALIDADES, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA

Última actualización de este artículo: 2 de enero de 2021.

1.- SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PROTEGIDOS

Está protegida e incentivada la instrumentación del ahorro a través de Planes de Pensiones, Mutualidades, Planes de Previsión Asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia.

1.1. Planes de Pensiones. Modalidades. En primer lugar es preciso matizar que los planes de pensiones pueden acogerse a una de las siguientes modalidades:

Sistema de empleo. Se trata de planes en los que el promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes son los empleados de dicha entidad.

Sistema asociado. Se trata de aquellos planes cuyo promotor es cualquier Asociación o Sindicato y cuyos partícipes son los asociados, miembros o afiliados de esa entidad.

Sistema individual. En este caso el promotor es una o varias entidades de carácter financiero y los partícipes pueden ser cualesquiera personas físicas.

1.2. Planes de Previsión Asegurados

Los planes de previsión asegurados, regulados a partir de 1 de enero de 2003, se definen como contratos de seguro que deben cumplir los siguientes requisitos:

- El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. Aunque también podrá generar prestaciones en caso de fallecimiento en los mismos términos que los Planes y Fondos de Pensiones.

- Las contingencias cubiertas serán las mismas que los Planes y Fondos de Pensiones y deberán tener como cobertura principal la jubilación.

Grupo Fiscalidad Productos Financieros en LInkedin de Invierto y Ahorro - Solo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en los mismos supuestos que para los Planes y Fondos de Pensiones.

- Tendrán que ofrecer obligatoriamente una garantía de interés.

- En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un Plan de Previsión Asegurado. La denominación “Plan de Previsión Asegurado” y sus siglas quedan reservadas a los contratos de seguro que cumplan estos requisitos.

- Los tomadores de los Planes de Previsión Asegurados podrán, mediante decisión unilateral, movilizar la totalidad o parte de su provisión matemática a otro u otros Planes de Previsión Asegurados de los que sean tomadores o a uno o varios planes de pensiones del sistema individual o asociado o de empleo de los que sea partícipe a un plan o planes de previsión social empresarial de los que sea asegurado. Una vez alcanzada la contingencia, la movilización solo será posible si las condiciones del plan de previsión asegurado lo permiten. Para la movilización, el tomador o beneficiario del plan de previsión asegurado deberá dirigirse a la entidad aseguradora o gestora de destino, para iniciar el traspaso.

- Los derechos de un Plan de Previsión Asegurado no podrán ser objeto de embargo hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.

1.3. Planes de Previsión Social Empresarial

Se trata de contratos de seguro que deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Se pretende cubrir los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, mediante la formalización de estos seguros en los que la póliza dispondrá las primas que deberá satisfacer la empresa e imputarse fiscalmente al trabajador.

- En el condicionado de la póliza se hará constar, de forma expresa y destacada, que se trata de un plan de previsión social empresarial. La denominación Plan de Previsión Social Empresarial y sus siglas quedan reservadas a estos contratos de seguro.

- Las contingencias cubiertas serán las mismas que los Planes y Fondos de Pensiones y deberán tener como cobertura principal la jubilación.

- Solo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en los mismos supuestos que para los Planes y Fondos de Pensiones.

- Tendrán que ofrecer obligatoriamente una garantía de interés.

- Los derechos de un Plan de Previsión Social Empresarial no podrán ser objeto de embargo hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.

- Movilización de derechos entre planes de previsión social empresarial y de planes de previsión social empresarial a planes de pensiones y planes de previsión asegurados. Los asegurados de los planes de previsión social empresarial únicamente podrán ejercer el derecho de rescate en el supuesto de extinción de la relación laboral y sólo si estuviese previsto en las condiciones generales, especiales o particulares de la póliza, pudiendo integrar sus derechos económicos en otros planes de previsión social empresarial, en planes de previsión asegurados o en planes de pensiones (para la movilización, el asegurado deberá dirigirse a la entidad aseguradora o gestora de destino, para iniciar su traspaso). No se podrán movilizar los derechos económicos cuando, en orden a instrumentar compromisos por pensiones del tomador referidos a asegurados que hubieran extinguido su relación laboral con aquel, las condiciones de la póliza prevean la continuidad de las aportaciones del tomador a su favor y, en su caso, las del asegurado que tuvieren carácter obligatorio. Asimismo, los asegurados podrán ejercer su derecho de rescate en los casos de desempleo de larga duración y enfermedad grave en los términos y condiciones previstas para los planes de pensiones.

1.4. Seguros de dependencia

Se incluyen los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia:

- Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

- Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

2.- APORTACIONES ANUALES MÁXIMAS A PLANES DE PENSIONES. LÍMITE LEGAL

2.1.-NORMATIVA VIGENTE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Desde 1 de enero de 2015 las aportaciones anuales máximas de una persona física a uno o varios Planes de Pensiones, no podrán rebasar la cantidad de 8.000,00 euros.

Por lo tanto, el límite anual de aportaciones, según la edad cumplida por el partícipe, será el siguiente:

LÍMITE LEGAL APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES
EDADLÍMITE TOTAL (Desde 01 de enero de 2003 hasta 31 de diciembre de 2006)LÍMITE TOTAL (Desde 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2014)LÍMITE TOTAL (Desde 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2020)
50 ó menos8.000,0010.000,008.000,00
518.000,0012.500,008.000,00
528.000,0012.500,008.000,00
539.250,0012.500,008.000,00
5410.500,0012.500,008.000,00
5511.750,0012.500,008.000,00
5613.000,0012.500,008.000,00
5714.250,0012.500,008.000,00
5815.500,0012.500,008.000,00
5916.750,0012.500,008.000,00
6018.000,0012.500,008.000,00
6119.250,0012.500,008.000,00
6220.500,0012.500,008.000,00
6321.750,0012.500,008.000,00
6423.000,0012.500,008.000,00
65 en adelante24.250,0012.500,008.000,00

Además se tomará en consideración que, desde 1 de enero de 2007, no se diferencia entre aportaciones a título personal y aportaciones empresariales de planes de pensiones de empleo, de tal modo que serán consideradas de modo conjunto para conocer los límites aplicables. Ejemplo: un contribuyente de 40 años que realiza aportaciones a un plan por importe de 7.500,00 euros y además su empresa le ha contribuido a un plan de empleo por importe de 7.000,00 euros está excediendo los límites permitidos legalmente (con la excepción de las aportaciones a planes de empleo para cubrir la existencia de un déficit en el plan de pensiones).

Los límites máximos se aplican individualmente a cada partícipe independientemente de los miembros de la unidad familiar.

Ningún Plan de Pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo partícipe por importe superior al legal.

2.2.-NORMATIVA VIGENTE DESDE 1 DE ENERO DE 2021

-Las aportaciones anuales máximas legales a los planes de pensiones reguladas en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, quedan establecidos del modo siguiente: El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones no podrá exceder de 2.000 euros. Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. En la redacción anterior se establecía que no podía exceder de 8.000 euros.

Los límites máximos se aplican individualmente a cada partícipe independientemente de los miembros de la unidad familiar.

Ningún Plan de Pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo partícipe por importe superior al legal.

3 FISCALIDAD DE LAS APORTACIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PROTEGIDOS. APORTACIONES ANUALES MÁXIMAS. LÍMITE FISCAL

3.1.-NORMATIVA VIGENTE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Límite sobre los rendimientos netos del trabajo y actividades

Desde el 1 de enero de 2015 se tomará siempre en cuenta el límite del 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio (se suprime el porcentaje del 50% para contribuyentes mayores de 50 años).

En consecuencia, se tomará como límite máximo conjunto para todos los sistemas de previsión social el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Por lo tanto, aquellos contribuyentes que no obtengan rendimientos del trabajo o de actividades económicas (por ejemplo, arrendadores de inmuebles o perceptores de importantes rendimientos de capital mobiliario) no podrán efectuar aportaciones a Planes de Pensiones con derecho a efectuar su reducción fiscal.

Las aportaciones superiores a este límite podrán ser objeto de reducción fiscal en los cinco ejercicios siguientes.

Se aplicará el siguiente límite máximo de aportación con derecho a reducción fiscal en cómputo conjunto para todos los sistemas de previsión social protegidos:

Desde 1 de enero de 2015 se tomará siempre en cuenta el límite máximo de 8.000 euros anuales (con la anterior normativa este límite era de 10.000 euros anuales y, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años, el límite que se consideraba era de 12.500 euros).

En consecuencia, las aportaciones anuales máximas de una persona física, en cómputo conjunto para todos los sistemas de previsión social protegidos, no podrán rebasar la cantidad de 8.000,00 euros. Ejemplo: Sería admisible que un contribuyente aportase 5.000 euros a Planes de Pensiones y 2.000 euros a Planes de Previsión Asegurados pero no podría aportar 6.000 euros a Planes de Pensiones y otros 6.000 a Planes de Previsión Asegurados.

Por lo tanto, el límite anual de reducciones, según la edad cumplida por el partícipe, para todos los sistemas de previsión social, será el siguiente:

LÍMITE FISCAL APORTACIONES A TODOS LOS SISTEMAS
EDADLÍMITE TOTAL (Desde 01 de enero de 2003 hasta 31 de diciembre de 2006)LÍMITE TOTAL (Desde 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2014)LÍMITE TOTAL (Desde 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2020)
50 ó menos8.000,0010.000,008.000,00
518.000,0012.500,008.000,00
528.000,0012.500,008.000,00
539.250,0012.500,008.000,00
5410.500,0012.500,008.000,00
5511.750,0012.500,008.000,00
5613.000,0012.500,008.000,00
5714.250,0012.500,008.000,00
5815.500,0012.500,008.000,00
5916.750,0012.500,008.000,00
6018.000,0012.500,008.000,00
6119.250,0012.500,008.000,00
6220.500,0012.500,008.000,00
6321.750,0012.500,008.000,00
6423.000,0012.500,008.000,00
65 en adelante24.250,0012.500,008.000,00

Además se tomará en consideración que, desde 1 de enero de 2007, no se diferencia entre aportaciones a título personal y aportaciones empresariales de planes de pensiones de empleo, de tal modo que serán consideradas de modo conjunto para conocer los límites aplicables. Ejemplo: un contribuyente de 40 años que realiza aportaciones a un plan por importe de 7.500,00 euros y además su empresa le ha contribuido a un plan de empleo por importe de 7.000,00 euros está excediendo los límites permitidos legalmente (con la excepción de las aportaciones a planes de empleo para cubrir la existencia de un déficit en el plan de pensiones).

Los límites máximos se aplican individualmente a cada contribuyente independientemente de los miembros de la unidad familiar.

Las aportaciones superiores a este límite ya no podrán ser objeto de reducción fiscal en el ejercicio de la aportación ni en los ejercicios futuros; en cambio la tributación soportada en la recuperación de los importes al acontecer la jubilación u otra contingencia no se verá afectado por la circunstancia de que las aportaciones hubieran permitido o no practicar reducciones fiscales.

Seguros colectivos dependencia satisfechos por la empresa (desde 1 de enero de 2013)

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa. Las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de seguro e imputadas al trabajador tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales.

Cónyuges con escasos rendimientos

Desde 1 de enero de 2015, aquellos contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000,00 euros anuales podrán reducir de la base imponible las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social protegidos de los que sea partícipe dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.500,00 euros anuales (con la normativa anterior a 2015 el límite máximo era de 2.000 euros anuales). Esta reducción se aplicará con independencia de la que pueda realizar el propio contribuyente en atención a los límites generales anteriormente expuestos.

3.2.-NORMATIVA VIGENTE DESDE 1 DE ENERO DE 2021

Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social

Con efectos desde 1 de enero de 2021 se realizan las siguientes modificaciones relativas a las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social:

-Primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El límite conjunto a considerar por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, se indica ahora que no podrán exceder de 2.000 euros anuales (antes 8.000 euros anuales). En el caso de seguros colectivos de dependencia, en los que figure como tomador del seguro exclusivamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corresponda al trabajador, las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de seguro e imputadas al trabajador mantienen el límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales.

Invierto y Ahorro en Facebook para conocer las novedades fiscales en España -Para el caso de los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, se establece ahora que podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social regulados en el artículo 51 de la LIRPF de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 1.000 euros anuales (antes con el límite de 2.500 euros anuales). Esta reducción se aplicará con independencia de la que pueda realizar el propio contribuyente en atención a los límites generales aplicables en su caso.

-Límite de reducción fiscal. Como límite máximo conjunto para las reducciones a sistemas de previsión social del artículo 51 LIRPF, se aplicará ahora la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio (sin cambios). Por lo tanto, aquellos contribuyentes que no obtengan rendimientos del trabajo o de actividades económicas (por ejemplo, arrendadores de inmuebles o perceptores de importantes rendimientos de capital mobiliario) no podrán efectuar aportaciones a Planes de Pensiones con derecho a efectuar su reducción fiscal. Las aportaciones superiores a este límite podrán ser objeto de reducción fiscal en los cinco ejercicios siguientes.

b) 2.000 euros anuales. Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. Obsérvese que la norma ha incluido las aportaciones propias del empresario individual, no del profesional y, por otra parte, debe tenerse en cuenta que este límite aplica conjuntamente a los sistemas de previsión social del artículo 51 LIRPF, de la disposición adicional novena LIRPF (Mutualidades de trabajadores por cuenta ajena) y del apartado dos de la disposición adicional undécima LIRPF (Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales). Este límite antes siempre era 8.000 euros anuales. Los límites máximos se aplican individualmente a cada contribuyente independientemente de los miembros de la unidad familiar. Las aportaciones superiores a este límite ya no podrán ser objeto de reducción fiscal en el ejercicio de la aportación ni en los ejercicios futuros; en cambio la tributación soportada en la recuperación de los importes al acontecer la jubilación u otra contingencia no se verá afectado por la circunstancia de que las aportaciones hubieran permitido o no practicar reducciones fiscales.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa (sin cambios). Las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de seguro e imputadas al trabajador tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales.

3.3.-LAS REDUCCIONES NO PUEDEN DAR LUGAR A UNA BASE NEGATIVA

Las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social protegidos no podrán dar lugar a una base negativa

Las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social protegidos se aplicarán sobre la base liquidable general (no sobre la del ahorro) sin que pueda resultar negativa como consecuencia de estas disminuciones. En estos supuestos, aquellas aportaciones que no hubieran podido ser reducidas de la base liquidable general, podrán ser objeto de reducción fiscal en los cinco ejercicios siguientes.

3.4.-RESUMEN LÍMITES FICALIDAD APORTACIONES

Cuadro resumen límites fiscalidad aportaciones a sistemas de previsión social protegidos:

RESUMEN LÍMITES FISCALES APORTACIONES A TODOS LOS SISTEMAS
Desde 01 de enero de 2007Desde 1 de enero de 2013Desde 1 de enero de 2015Desde 1 de enero de 2021
Límite Rendimientos netos del trabajo y de actividadesGeneral:30% Mayores de 50 años:50%General:30% Mayores de 50 años:50%Siempre:30%Siempre:30%
Límite de cuantíaGeneral: 10.000,00 euros. Mayores de 50 años: 12.500,00 euros.General: 10.000,00 euros. Mayores de 50 años: 12.500,00 euros.Siempre: 8.000,00 euros.2.000 euros (más 8.000 euros adicionales si proceden de contribuciones empresariales)
Seguros colectivos dependencia por empresa (Desde 1/1/2013)5.000,00 euros.5.000,00 euros.5.000,00 euros.
Cónyuge sin o con escasos rendimientos trabajo y actividades (-8.000,00 €)2.000,00 euros2.000,00 euros.2.500,00 euros.1.000,00 euros.
Base positivaLa base liquidable general no podrá resultar negativaLa base liquidable general no podrá resultar negativaLa base liquidable general no podrá resultar negativaLa base liquidable general no podrá resultar negativa

4.- SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PROTEGIDOS. EXCESO DE APORTACIÓN SOBRE LÍMITE FISCAL

En el supuesto de que se efectúen aportaciones superiores a los límites de cuantía vigentes se perderá la posibilidad de reducir la base por el exceso de lo aportado. Solamente en aquellos casos en los que la insuficiencia de base haya provocado la imposibilidad de aplicar las reducciones por aplicación del límite que impide que la base liquidable general sea negativa y respecto de los excesos de aportación que superen el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, se podrán computar para reducir la base imponible en los 5 ejercicios siguientes (aunque el partícipe vaya a estar jubilado en el ejercicio en que lo aplique a reducir la base imponible).

El exceso sobre los límites que no haya permitido reducir la base se imputará al primer ejercicio (dentro de los 5 ejercicios siguientes) en el cual las aportaciones puedan ser computadas.

En aquellos casos en que coincidan aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios anteriores, que no se hayan utilizado por exceder el indicado límite, se aplicará en primer lugar, las aportaciones correspondientes a los años anteriores.

5.- PLANES DE PENSIONES. LIQUIDEZ

Los derechos consolidados de los partícipes podrán hacerse efectivos en los siguientes supuestos:

5.1 Para ser integrados en otro Plan de Pensiones

Los derechos consolidados de los partícipes en los Planes de Pensiones del sistema asociado e individual podrán movilizarse a otro Plan o Planes por la simple decisión unilateral del partícipe. Por su parte, los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de pensiones del sistema asociado e individual también podrán movilizarse a otros planes a petición del beneficiario en las condiciones previstas en las especificaciones de los planes de pensiones correspondientes.

Los derechos consolidados de los partícipes en los planes de pensiones del sistema de empleo no podrán movilizarse a otros planes de pensiones, salvo en el supuesto de extinción de la relación laboral y que cumpla todos los requisitos previstos. Los derechos económicos de los beneficiarios en los planes de empleo no podrán movilizarse salvo por terminación del plan de pensiones.

5.2 Cuando se produzcan los hechos que dan lugar a la prestación

5.2.1. Jubilación o situación asimilable. Para conocer si se produce esta circunstancia se atenderá a los siguientes criterios:

1º Se estará a lo previsto en lo regulado en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable.

2º Cuando no sea posible el acceso a una jubilación, de la Seguridad Social, se podrá obtener la prestación a partir del momento en que cumpla los 65 años de edad. No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación a partir de los 60 años de edad.

3º Adicionalmente, se podrá considerar como situación asimilable a la jubilación cuando se produzca en el partícipe la extinción de la relación laboral y su pase a la situación legal de desempleo en los supuestos previstos a estos efectos.

5.2.2 Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo y Gran Invalidez. Estas situaciones se determinarán atendiendo a las reglas previstas en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable.

5.2.3 Muerte del partícipe y/o del beneficiario. En estos casos se podrían generar prestaciones de viudedad u orfandad, o a favor de otros herederos o personas designadas.

5.2.4 Dependencia severa o gran dependencia del partícipe.

5.3 Enfermedad grave o desempleo de larga duración

También podrán hacerse efectivos, en su totalidad o en parte, en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración siempre que dichas posibilidades estén contempladas expresamente por el propio Plan de Pensiones y en las condiciones que establezca el propio Plan de Pensiones.

Enfermedad grave. Se entiende por enfermedad grave aquella que afecte al contribuyente o bien a su cónyuge, ascendientes o descendientes en primer grado, o personas que en régimen de tutela o acogimiento, convivan con el contribuyente o que dependan de él. La enfermedad grave deberá acreditarse mediante certificado médico y consistirá en cualquier dolencia o lesión que tenga las siguientes consecuencias:

- Dolencia o lesión que incapacite temporalmente un mínimo de 3 meses y que requiera de intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario.

- Dolencia o lesión que genere secuelas permanentes.

Desempleo de larga duración. Se considera afectado por una situación de desempleo de larga duración aquella persona que se encuentre en situación legal de desempleo siempre que no esté percibiendo prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones. En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, también podrán hacerse efectivos sus derechos consolidados cuando figure como demandante de empleo y no esté percibiendo prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones.

Ahora bien, para que estas posibilidades de rescate (enfermedad grave y desempleo de larga duración) sean efectivas es preciso que esté contemplado de modo expreso en las especificaciones del Plan de Pensiones. Además el rescate solamente podrá hacerse efectivo en las condiciones y limitaciones que estén establecidas por cada uno de los respectivos Planes de Pensiones.

Modalidades de disposición. Cuando se dé una de estas circunstancias (enfermedad grave o desempleo) y estén contempladas en las especificaciones del Plan de Pensiones, el titular podrá hacer efectivos los derechos consolidados mediante un único pago, o bien mediante sucesivos pagos mientras se mantengan dichas situaciones.

Incompatibilidades. La percepción de los derechos consolidados de un Plan de Pensiones, por enfermedad grave o desempleo de larga duración, es incompatible con la realización de aportaciones a cualquier Plan de Pensiones mientras se mantengan las circunstancias que originaron su percepción (aunque existen algunas excepciones que permiten realizar aportaciones a Planes de Pensiones del sistema de empleo). El partícipe podrá reanudar las aportaciones para cualesquiera contingencias susceptibles de acaecer, una vez que hubiere percibido íntegramente los derechos consolidados o suspendido el cobro asignando expresamente el remanente a dichas contingencias.

Fiscalidad de las percepciones por enfermedad grave y desempleo de larga duración. En todo caso, las cantidades percibidas por los partícipes y beneficiarios en estas situaciones se sujetarán al régimen fiscal general aplicable a la tributación de las prestaciones recibidas de un Plan de Pensiones.

5.4 Procedimientos de ejecución sobre la vivienda habitual

Durante el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2013, excepcionalmente, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto, debiendo concurrir al menos los siguientes requisitos:

a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa o venta extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su vivienda habitual.

b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.

c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente para evitar la enajenación de la vivienda.

El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único en la cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

El Gobierno podrá ampliar el plazo aprobado inicialmente de dos años para solicitar el cobro de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual o establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación de endeudamiento derivada de las circunstancias de la economía.

La posibilidad de hacer efectivos los derechos consolidados en los supuestos de ejecución sobre la vivienda habitual será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, mutualidades de previsión social y en general a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los derechos derivados de las primas pagadas por la empresa así como respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas por aquellos.

5.5 Ventana liquidez a los 10 años

5.5.1.-Planes de pensiones

Desde 1 de enero de 2015 se incorpora la novedad de que los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. La percepción de los derechos consolidados en este supuesto será compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad si así lo permite el compromiso y lo prevén las especificaciones del plan y con las condiciones o limitaciones que éstas establezcan en su caso.

En todo caso, las cantidades percibidas en los supuestos previstos en los párrafos anteriores se sujetarán al régimen fiscal establecido por la Ley para las prestaciones de los planes de pensiones.

Ahora bien deberá tenerse en cuenta que a efectos de la previsión de la nueva normativa relativa a la disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones a planes de pensiones realizadas con al menos diez años de antigüedad, los derechos derivados de aportaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes a las mismas, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025.

5.5.2.-Sistemas de previsión complementaria análogos a los Planes de pensiones

Los derechos económicos de los asegurados o mutualistas derivados de primas, aportaciones y contribuciones abonadas a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social contemplados en el artículo 51 LIRPF, podrán hacerse efectivos anticipadamente cuando se correspondan con primas, aportaciones o contribuciones realizadas con al menos diez años de antigüedad en los mismos términos y condiciones establecidos para los planes de pensiones.

En el caso de los planes de previsión social empresarial y los concertados con mutualidades de previsión social para los trabajadores de las empresas, la disposición anticipada de derechos derivados de primas, aportaciones o contribuciones realizadas con al menos diez años de antigüedad será posible si así lo permite el compromiso y se prevé en la correspondiente póliza de seguro o reglamento de prestaciones. En el caso de que la entidad aseguradora cuente con inversiones afectas el derecho de disposición anticipada se valorará por el valor de mercado de los activos asignados.

Ahora bien deberá tenerse en cuenta que a los efectos de la previsión de la nueva normativa de que los derechos económicos de los asegurados o mutualistas puedan hacerse efectivos anticipadamente cuando se correspondan con primas, aportaciones o contribuciones realizadas con al menos diez años de antigüedad y, en relación con los derechos económicos de los asegurados o mutualistas derivados de las primas, aportaciones y contribuciones abonadas con anterioridad a 1 de enero de 2016, a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social previstos en el artículo 51 de la Ley IRPF, a partir del 1 de enero de 2025, se podrán hacer efectivos los derechos económicos de los asegurados o mutualistas existentes a 31 de diciembre de 2015 con los rendimientos correspondientes o el valor de realización de los activos asignados.

6 PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES DE LAS PRESTACIONES

De acuerdo con las previsiones de cada Plan de Pensiones las prestaciones tendrán el carácter de dinerarias y podrán tener las siguientes modalidades:

- Prestación en forma de capital: Se trata del pago de la prestación en un único pago. El pago de esta prestación puede ser inmediato a la fecha en que surja la contingencia o bien diferirse a un momento posterior.

- Prestación en forma de renta: Consiste en la percepción de dos o más pagos sucesivos y con una periodicidad regular (incluyendo al menos un pago en cada anualidad). Las rentas podrán ser vitalicias o temporales, inmediatas a la fecha de la contingencia o diferidas a un momento posterior. En caso de fallecimiento del beneficiario, las especificaciones podrán prever la reversión de la renta a otros beneficiarios previstos o designados.

- Prestaciones mixtas: Combinan rentas de cualquier tipo con un único pago en forma de capital.

- Pagos sin periodicidad. Prestaciones distintas de las anteriores en forma de pagos sin periodicidad regular.

Las especificaciones del Plan deberán concretar la forma en que pueden percibirse las prestaciones, sus modalidades, normas para determinar su cuantía y vencimientos con carácter general u opcional para el beneficiario.

7.- TRIBUTACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PROTEGIDOS

La tributación de las prestaciones de sistemas de previsión social protegidos siempre tendrán el tratamiento de rendimientos del trabajo (aplicándose, por lo tanto, las retenciones que correspondan). Se incluirán en la parte general de la base imponible del siguiente modo:

Régimen fiscal hasta 31 de diciembre de 2006:

- Percibidas en forma de capital. Se incluirán en la base las prestaciones percibidas de los sistemas de previsión social protegidos en forma de capital con una reducción del 40% si han transcurrido más de dos años desde la primera aportación (Cómputo del plazo de 2 años: deben de haber transcurrido más de 2 años desde la fecha de la primera aportación hasta la fecha en que se produzca la contingencia que origina la prestación, no hasta el momento del cobro de la prestación). En el caso de prestaciones percibidas por motivo de invalidez siempre se aplicará la reducción del 40% (aunque no hayan transcurrido dos años desde la primera aportación).

- Percibidas en forma de renta. Se incluirá en la base imponible la renta percibida en el ejercicio sin ninguna reducción.

Régimen fiscal desde 1 de enero de 2007:

- Desaparece la reducción del 40% para rescates en forma de capital con antigüedad superior a 2 años o por invalidez.

- Contingencias acaecidas con anterioridad a 1 de enero de 2007: Se podrá aplicar el régimen financiero y fiscal vigente a 31-12-2006.

- Contingencias acaecidas a partir de 1 de enero de 2007: Por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta el 31-12-2006 podrán seguir el régimen financiero y fiscal vigente a 31-12-2006.

Ahora bien, desde 1 de enero de 2015, deberá tenerse en cuenta que para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, los beneficiarios podrán continuar aplicando la reducción del 40% prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006; pero, la nueva normativa establece que este régimen únicamente podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas en el ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. No obstante, en el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a 2014, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la contingencia correspondiente. En el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.

Antigüedad de las aportaciones en caso de cobro o movilización parcial de derechos:

Tomando en cuenta el diferente tratamiento fiscal a partir de 1 de enero de 2007, se prevé que desde 1 de julio de 2016 cuando se realicen cobros parciales por contingencias o por los supuestos excepcionales de liquidez, o se efectúen movilizaciones parciales, la solicitud del partícipe deberá incluir indicación referente a si los derechos que desea percibir o movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera (desde el 11 de febrero de 2018 se prevé que se actuará del mismo modo en los supuestos de disposición anticipada prevista para las aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad). En el supuesto de movilizaciones parciales, los derechos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a aportaciones anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el partícipe no haya realizado indicación alguna al respecto.

8.- PLANES DE PENSIONES. JUBILACIÓN DEL PARTÍCIPE. MOMENTO TEMPORAL DE LA TRIBUTACIÓN

El beneficiario del Plan de Pensiones cuando se produzca la contingencia (habitualmente la jubilación) la comunicará y acreditará, presentando la documentación que proceda, y definirá la forma en que desea percibir la prestación, a cuyos efectos podrá optar:

- Deberá elegir, si así está previsto en las especificaciones del Plan, entre las formas de percibir la prestación que estén reconocidas por el Plan: Capital, renta, mixta, pagos sin periodicidad.

- Podrá (si así está previsto en las especificaciones del Plan) elegir entre percibir la prestación de manera inmediata o diferida. Por lo tanto, la percepción de la prestación no tiene que ser necesariamente inmediata al acaecimiento de la contingencia sino que podría ser diferida a una fecha posterior a opción del partícipe.

- Podrá elegir entre rentas vitalicias o temporales.

Las distintas opciones que realice el interesado provocarán las percepciones adecuadas a las opciones ejercitadas y determinarán en consecuencia el régimen de tributación.

9.- PLANES DE PENSIONES. EMBARGO

Con la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014 se establecía que “Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración”.

Pues bien, con la nueva redacción vigente desde 1 de enero de 2015 se establece que “Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración o por corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad”.

Desde el 11 de febrero de 2018 se especifica, reglamentariamente, que los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o puedan ser disponibles o efectivos conforme a lo previsto en la normativa vigente y que cuando el derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones sea objeto de embargo o traba, judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o puedan hacerse efectivos o disponibles conforme a la normativa vigente. Ahora bien, producidas tales circunstancias, la entidad gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones o derechos consolidados a quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.

Además, téngase en cuenta que desde 1 de enero de 2016 en caso de que el asegurado, mutualista o beneficiario sea titular de derechos susceptibles de embargo en varios planes de pensiones, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, serán embargables en primer lugar los derechos en planes de pensiones del sistema individual y asociado y planes de previsión asegurados, y en último término los derechos en planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial.

10.- PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS. EMBARGO

Con la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014 se establecía que “En particular, los derechos en un plan de previsión asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración”.

Pues bien, con la nueva normativa, vigente desde 1 de enero de 2015, se establece que “En particular, los derechos en un plan de previsión asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave, desempleo de larga duración o por corresponder a primas abonadas con al menos diez años de antigüedad”.

Desde el 11 de febrero de 2018 se especifica, reglamentariamente, que los derechos económicos de los asegurados en planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o puedan ser disponibles o efectivos conforme a lo previsto en la normativa vigente para los planes de pensiones y que cuando, de acuerdo con lo anterior, el derecho a las prestaciones del asegurado sea objeto de embargo o traba, judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o puedan ser disponibles o efectivos conforme a la normativa vigente. Ahora bien, producidas tales circunstancias, la entidad aseguradora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones o derechos económicos a quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.

Además, téngase en cuenta que desde 1 de enero de 2016 en caso de que el asegurado, mutualista o beneficiario sea titular de derechos susceptibles de embargo en varios planes de pensiones, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, serán embargables en primer lugar los derechos en planes de pensiones del sistema individual y asociado y planes de previsión asegurados, y en último término los derechos en planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial.

11.- PLANES DE PENSIONES. JUBILADOS

Con carácter general, no se podrá simultanear la condición de partícipe y la de beneficiario por una misma contingencia en un plan de pensiones o en razón de la pertenencia a varios planes de pensiones, siendo incompatible la realización de aportaciones y el cobro de prestaciones por la misma contingencia simultáneamente

A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al Plan de Pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia.

Del mismo modo se actuará cuando no sea posible el acceso a la jubilación respecto de las aportaciones que se realicen a partir de la edad ordinaria de jubilación. En estos casos, el participe con al menos 65 o 60 años de edad, podrá seguir realizando aportaciones. No obstante, una vez iniciado el cobro o anticipo de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones posteriores solo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia.

No obstante, si el jubilado reanuda su actividad laboral con expectativas de un segundo acceso a la jubilación podrá realizar aportaciones a Planes de Pensiones para la posterior jubilación prevista. Así, podría reiniciar sus aportaciones para jubilación una vez que hubiere percibido la prestación íntegramente o suspendido el cobro asignando expresamente los derechos económicos remanentes a la posterior jubilación.

12.- APORTACIONES POR TITULARES QUE HAN UTILIZADO LA VENTANA DE LIQUIDEZ A LOS DIEZ AÑOS

Desde el 11 de febrero de 2018 se establece que la percepción de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad será compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer.

13.-PLANES DE PENSIONES. DISPONIBILIDAD EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19

13.1.-DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19. En concreto, las características de esta disponibilidad quedan establecidas del modo siguiente:

-Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) Conforme a la redacción inicial del Real Decreto-ley 11/2020 se preveía en el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ahora bien, este supuesto contemplado en esta letra c) se modifica por el Real Decreto-ley 16/2020 quedando en los siguientes términos:

«c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan cesado en su actividad o, cuando sin haber cesado en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre que no se encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos en los párrafos siguientes.

En el caso de los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.

En el caso de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.»

-El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado a) anterior.

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado b) anterior.

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado c) anterior.

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

-Téngase en cuenta que reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados anteriormente por lo que en dicho caso deberá estarse a lo que se disponga al respecto.

-En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

-Asimismo debe tenerse en cuenta que esta posibilidad de disponibilidad será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

13.2.-ARTÍCULO 23 DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020

A efectos de lo establecido en la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020 se seguirán las siguientes normas para la disponibilidad de derechos consolidados en planes de pensiones:

1. Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de la citada disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida.

Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de prestación definida o mixtos también podrán disponer, para aquellas contingencias definidas en régimen de prestación definida o vinculadas a la misma, de los derechos consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al público de establecimientos o el cese de actividad, derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las condiciones que estas establezcan.

2. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el partícipe del plan de pensiones que solicite la disposición mediante la presentación de los siguientes documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:

a) En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación laboral para el partícipe.

b) En el supuesto de ser el partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se presentará declaración del partícipe en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder hacer efectivos sus derechos consolidados.

c) En la redacción inicial del Real Decreto-ley 15/2020 estaba previsto que en el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2020 modifica esta letra c) en los siguientes términos:

«c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y haya cesado en su actividad o cuya facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno, se presentará, según corresponda:

1.º El certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado; o

2.º la información contable que justifique la reducción de la facturación en los mismos términos que los establecidos en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para justificar la reducción de la facturación en la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados por la declaración del estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia que no estén obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción de la facturación por cualquier medio de prueba admitido en derecho.»

d) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

3. El importe de los derechos consolidados disponible será el justificado por el partícipe a la entidad gestora de fondos de pensiones, con el límite máximo de la menor de las dos cuantías siguientes para el conjunto de planes de pensiones de los que sea titular:

1.º Dependiendo de cuál sea el supuesto de los indicados en el apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo:

a) en el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados con la última nómina previa a esta situación;

b) en el supuesto de empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo: los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre;

c) En la redacción inicial del Real Decreto-ley 15/2020 estaba previsto que en el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2020 modifica esta letra c) en los siguientes términos:

«c) En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.»

En el caso de los apartados b) y c), el solicitante deberá aportar además una declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.

2.º El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE, al periodo de suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la actividad, según, respectivamente, corresponda a cada uno de los supuestos a los que se refieren los apartados a), b) y c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En todo caso, en los tres supuestos el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

4. El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación acreditativa de la concurrencia del supuesto de hecho que se requiera para solicitar la prestación, así como de la exactitud en la cuantificación del importe a percibir.

5. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa. En el caso de los planes de pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se ampliará hasta treinta días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa.

6. Debe tenerse en cuenta que esta normativa resulta igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En estos casos, las referencias realizadas en los apartados anteriores a las entidades gestoras, a los partícipes y a las especificaciones de planes de pensiones se entenderán referidas a las entidades aseguradoras, los asegurados o mutualistas, y a las pólizas de seguro o reglamento de prestaciones, respectivamente. En el caso de las mutualidades de previsión social que actúen como sistema alternativo al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán hacer efectivos los derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con dicha función alternativa.

7. Los apartados anteriores definen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la facultad excepcional de liquidar los derechos consolidados prevista en la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En lo no previsto en tales apartados, se mantiene en vigor esta última disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

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