FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO Y COMPARADO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS FINANCIEROS

Última actualización de este artículo: 2 de diciembre de 2017.

REAL DECRETO-LEY 1/2017: PROCEDIMIENTO Y FISCALIDAD DEVOLUCIÓN CLÁUSULAS SUELO

En el Boletín Oficial del Estado del sábado 21 de enero de 2017 se publica el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que, con entrada en vigor desde el 21 de enero de 2017, se establece una normativa basada en la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de crédito. No obstante, se prevé que, durante el tiempo en que se sustancie la reclamación previa, las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe. En el presente artículo se puede consultar todos los aspectos de dicho procedimiento establecido con motivo de la devolución por importes derivados de la cláusula suelo así como su fiscalidad.

1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017

El Real Decreto-ley 1/2017 se aplicará respecto de las situaciones contractuales en la que se den todas las circunstancias que se exponen a continuación:

-Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria con cláusula suelo (se entiende por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato) y

-cuyo prestatario sea un consumidor (se entiende por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)

2.-RECLAMACIÓN PREVIA ANTE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO PREVISTA EN EL REAL DECRETO-LEY 1/2017

2.1.-Voluntariedad para el consumidor pero obligatoriedad para las entidades de crédito

Las entidades de crédito están obligadas a implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito del real decreto-ley 1/2017. Además las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario.

Ahora bien, una vez iniciada la reclamación, las partes (por lo tanto, también el consumidor) no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento y con el mismo objeto que dicha reclamación, cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa.

Invierto y Ahorro en Facebook para conocer las novedades fiscales en España 2.2.-Fases del procedimiento de reclamación:

1.-Presentación de la reclamación por el prestatario consumidor (voluntaria). Las reclamaciones podrán comenzar a presentarse desde el día 21 de enero de 2017 que es la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley 1/2017.

2.-Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

3.-El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo.

4.-El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Téngase en cuenta que dado que las entidades de crédito disponen del plazo de un mes para adaptarse al real decreto-ley 1/2017; es decir, hasta el 21 de febrero de 2017, se ha establecido que este plazo de tres meses no comenzará a contar hasta la efectiva adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento (en el caso de que se adopten antes del 21 de febrero de 2017), o bien, en el caso de que la entidad no se adapte al presente real decreto-ley 1/2017 antes del 21 de febrero de 2017, al llegar esta fecha (plazo máximo de adaptación) será cuando se iniciará el cómputo del plazo de los tres meses. En todo caso, para las reclamaciones interpuestas a partir del 21 de febrero de 2017 siempre resultará de aplicación el indicado plazo máximo de tres meses.

2.3.-A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

1.-Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.

2.-Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante.

3.-Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida.

4.-Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

2.4.-Obligaciones de información para las entidades de crédito sobre aspectos tributarios

Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias.

Además las entidades de crédito comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.

3.-MEDIDAS COMPENSATORIAS DISTINTAS DE LA DEVOLUCIÓN DEL EFECTIVO

Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo.

En este caso la entidad de crédito deberá suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad.

La aceptación de una medida compensatoria requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor económico de esa medida. La aceptación de la medida compensatoria informada con esta extensión deberá ser manuscrita y en documento aparte en el que también quede constancia del cumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior.

4.-COSTAS PROCESALES

Respecto del cálculo de las costas procesales el Real Decreto-ley 1/2017 establece las siguientes reglas:

4.1.-Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en costas a esta.

4.2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial establecido en el Real Decreto-ley 1/2017, regirán las siguientes reglas:

a) En caso de allanamiento de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo párrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podrá imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada.

En lo no previsto en estas reglas sobre costas se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5.-OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Las entidades de crédito están obligadas a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el real decreto-ley 1/2016 en el plazo de un mes; es decir antes del 22 de febrero de 2017 y; además, están obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones.

Asimismo las entidades deberán disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el ámbito de este real decreto-ley, y deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, la información siguiente:

a) La existencia del departamento o servicio, con indicación de su dirección postal y electrónica, encargado de la resolución de las reclamaciones.

b) La obligación por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses desde su presentación en el departamento o servicio correspondiente.

c) Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente de servicios financieros.

d) La existencia de este procedimiento, con una descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que tengan las cláusulas suelo a que se refiere el real decreto-ley 1/2017 incluidas en sus contratos.

6.-GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y REDUCCIÓN DE ARANCELES

El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base. Téngase en cuenta que nada se ha establecido respecto a la fiscalidad de esta escritura pública por lo que consideramos devengará los impuestos que puedan corresponder al acuerdo que se formalice.

7.-PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017

En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor del real decreto-ley 1/2017 en los que se dirima una pretensión incluida en su ámbito de aplicación, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de crédito, las partes de común acuerdo se podrán someter al procedimiento de reclamación establecido en este real decreto-ley 1/2017, solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

8.-ÓRGANO DE SEGUIMIENTO: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

El real decreto-ley 1/2017 prevé la posibilidad de que el Gobierno regule la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del real decreto-ley 1/2017 y su régimen jurídico. La creación, composición y funcionamiento de dicho órgano ha sido aprobada por el Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

Este órgano, que debe emitir un informe semestral sobre su actuación (artículo 4 RD 536/2017), cuenta con la participación de representantes de los consumidores y de la abogacía (artículo 2 RD 536/2017).

Este órgano de seguimiento recabará de las entidades de crédito la información necesaria para su actividad y, en concreto, para constatar que la comunicación previa prevista en el real decreto-ley 1/2017 se ha realizado, especialmente a personas vulnerables. A estos efectos, se entenderá por personas vulnerables quienes se encuentren situadas en el umbral de exclusión definido en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Asimismo la Comisión de seguimiento, control y evaluación podrá solicitar del Ministerio de Justicia la información que estuviera disponible a través de la aplicación LexNet en el ámbito territorial en el que esté implantado dicho sistema relativa a los procedimientos judiciales en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Además este órgano de seguimiento podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial previsto en el real decreto-ley 1/2017.

Debe indicarse que la Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha adoptado un Acuerdo relativo a la plantilla conforme a la que las entidades de crédito deberán remitir la información cuantitativa prevista en el artículo 5 del Real Decreto 536/2017. Así, las entidades de crédito deberán remitir al Banco de España, departamento de Información Financiera y CIR, la información acumulada correspondiente a 30 de septiembre, antes del 6 de noviembre de 2017 y; a partir de esa primera declaración, las entidades de crédito deberán remitir la plantilla actualizada con los datos correspondientes al día último de cada mes, antes del día 5 del segundo mes siguiente al que se refieren los datos (si este fuera inhábil en Madrid o en la Comunidad Autónoma en que resida la entidad, el siguiente día hábil en Madrid o en la Comunidad Autónoma en que resida la entidad). Asimismo, en su reunión de 26 de julio, la Comisión acordó que las entidades de crédito deberán remitir al Banco de España, departamento de Información Financiera y CIR, antes del 31 de octubre de 2017, el informe previsto en el artículo 5 del Real Decreto 536/2017, sobre el sistema que hayan implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores de que su préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo, especialmente a personas vulnerables. A estos efectos, el Boletín Oficial del Estado del 31 de julio de 2017 publica la Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, por el que se establece la plantilla conforme a la que las entidades de crédito deberán remitir cierta información.

9.-FISCALIDAD DEVOLUCIÓN CLÁUSULA SUELO EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

9.1.-FISCALIDAD DEVOLUCIÓN DE INTERESES CLÁUSULA SUELO Y DE SUS INTERESES INDEMNIZATORIOS

Con efectos desde el 21 de enero de 2017 y ejercicios anteriores no prescritos, se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, relativa al tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales con el siguiente contenido:

No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

Grupo Fiscalidad Productos Financieros en Linkedin de Invierto y Ahorro Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal:

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora (por lo tanto, añadiendo la deducción a devolver, sin los correspondientes intereses de demora, en la declaración del ejercicio en que se percibe la devolución de la entidad de crédito sin presentar declaraciones complementarias de los anteriores ejercicios). A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora (es el mismo procedimiento que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora). Ahora bien, no resultará de aplicación esta adición respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes, pero téngase en cuenta que, en este caso, la Agencia Tributaria interpreta que la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible (capital inmobiliario o actividad económica) en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto.

c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

El presente régimen fiscal será igualmente de aplicación cuando la devolución de las cantidades hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

EN CONCRETO NOS PODEMOS ENCONTRAR CON LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:

1.1.-Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

1.2.-Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

2.-El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

2.1.-El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración.

2.2.-El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

CONTRIBUYENTES QUE YA HUBIESEN REGULARIZADO ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017:

Si el contribuyente ya hubiese regularizado por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia (antes de la publicación del real decreto-ley 1/2017 se interpretaba que los intereses indemnizatorios se sometían a gravamen incluyéndose en la base imponible del ahorro y además se aplicaban intereses de demora en las rectificaciones de las declaraciones).

9.2.-CONDENA EN COSTAS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

En los supuestos de condena en costas, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, el pago (por parte de la entidad condenada en costas) de los honorarios del abogado y procurador en que ha incurrido el particular, la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial. La imputación temporal se entenderá producida en el período impositivo en que adquiere firmeza la sentencia que establece la condena en costas a la entidad financiera declarándose, por lo tanto, en dicho ejercicio. Además se considera que el hecho de no proceder de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva la consideración de esta ganancia patrimonial como renta general por lo que su integración se realizará en la base imponible general.

9.3.-DEVOLUCIÓN CLÁUSULA SUELO Y MODELO 181

A estos efectos téngase en cuenta que la Orden HFP/1923/2016, publicada en el BOE del 21 de diciembre de 2016, ha modificado el modelo 181 de la AEAT, relativo a la declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, estableciendo la obligatoriedad, desde el ejercicio 2016, de que las entidades financieras informen detalladamente a la AEAT de los importes satisfechos con motivo de las devoluciones relacionadas con las cláusulas suelo, o por otros motivos, diferenciando entre reintegro de cantidades satisfechas, intereses indemnizatorios y otras cantidades satisfechas (costas, etc.) dada las diferentes consecuencias fiscales que puede representar cada uno de estos conceptos para el contribuyente.

10.-ATRIBUCIÓN A JUZGADOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA

Téngase en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo de 2017 se publica el Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, en el que se atribuye, a los juzgados recogidos en su anexo, competencia para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Las medidas adoptadas en el presente acuerdo producirán efectos desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su prórroga de acuerdo a lo que indiquen los medios de control que se fijen.

11.-OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON ESTA EXPOSICIÓN

-DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN VIVIENDA Y CUENTAS VIVIENDA. Suprimida desde 2013. En este apartado tenéis un análisis detallado de la deducción por adquisición de vivienda así como diferentes aspectos de la fiscalidad de devolución de cantidades con motivo de las cláusulas suelo.

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