NOTICIAS DE FISCALIDAD HISTÓRICAS

REAL DECRETO-LEY 11/2014 Y LEY 9/2015 DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

Última actualización de este artículo: 26 de mayo de 2015.

El BOE del sábado 6 de septiembre de 2014 publica el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, por el que se introducen novedades con efectos desde el 7 de septiembre de 2014. Con posterioridad, y tras la correspondiente tramitación parlamentaria, se publica la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, en el Boletín Oficial del Estado del 26 de mayo de 2015 con entrada en vigor el 27 de mayo de 2015. A continuación se exponen las novedades incorporadas tomando en consideración la redacción final adoptada por la Ley 9/2015.

1.-MODIFICACIÓN LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL PARA ADAPTAR LA NORMATIVA ESPAÑOLA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 17 DE JULIO DE 2014 REALIZADA POR LA LEY 9/2015

La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible (La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultarán aplicables las mencionadas modificaciones introducidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

2.-MODIFICACIONES A LEY CONCURSAL REALIZADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2014

Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal y, así para obtener el verdadero valor de una garantía, se deducirá del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. Además se reducirá de dicho valor un 10% por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.

En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Así se concede derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor) buscándose con esta modificación fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final (el acreedor cedente deberá valorar si el sacrificio o descuento exigido es aceptable y el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, deberá valorar el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión. Para evitar el riesgo de que el adquirente de dicho créditos se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores.

En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis y 149, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.

El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50% y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65%. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75% (artículo 121.4).

Por otra parte cabe destacar que se introduce una novedad (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en la Ley 17/2014, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral (“Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores de derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la prevista en el artículo 91.1.º”; en segundo lugar, los acreedores públicos (“Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público”); en tercer lugar, los acreedores financieros (“Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera”); y finalmente, el resto entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales (“Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores”).

Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas con el objetivo de lograr el aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos (Se introduce una nueva disposición adicional segunda ter).

También se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad para lo que se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal. Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.

También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un 15% de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación.

El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.

Por último destacar que se prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas (disposición adicional segunda).

3.-CRÉDITOS TRANSMITIDOS A SAREB

La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursa, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.

4.-CONSTITUCIÓN HIPOTECA NAVAL

La Disposición final sexta de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, con entrada en vigor desde el 27 de mayo de 2015, da una nueva redacción al artículo 128 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima:

-Redacción anterior: “Artículo 128. Constitución de la hipoteca. Para que la hipoteca naval quede válidamente constituida podrá ser otorgada en escritura pública o en documento privado y deberá inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.”

-Nueva redacción: “Artículo 128. Constitución de la hipoteca. Para que la hipoteca naval quede válidamente constituida podrá ser otorgada en escritura pública, en póliza intervenida por notario o en documento privado y deberá inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.”

PÁGINA SIGUIENTE

Si deseas contactar con nosotros puedes escribirnos apromocion@inviertoyahorro.com o seguirnos en:

Invierto y Ahorro en FacebookInvierto y Ahorro en Linkedin

© Invierto y Ahorro Aviso Legal