RESUMEN NORMATIVA Y FISCALIDAD OTROS ASPECTOS CORONAVIRUS / COVID-19

MORATORIA DEUDA HIPOTECARIA Y OTROS CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS

Última actualización de este artículo: 11 de septiembre de 2020.

1.-REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE MEDIDAS FRENTE IMPACTO ECONÓMICO COVID-19: MORATORIA HIPOTECARIA PARA VIVIENDA HABITUAL

-Publicación. En el Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 2020 se publica la Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

-Entrada en vigor. El Real Decreto-ley 8/2020 entra en vigor el 18 de marzo de 2020.

-Vigencia. Las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Téngase en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, en el que se modifican varios aspectos aprobados por el Real Decreto-ley 8/2020, se ha modificado la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, al indicarse ahora que, con carácter general, las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma; no obstante, aquellas medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

-Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. Las medidas para la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020 y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 (que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas; que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere los previstos en la normativa; que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020). Los deudores podrán solicitar al acreedor esta moratoria acreditando la concurrencia de estas circunstancias mediante la presentación de los documentos previstos en el artículo 11 del Real Decreto-ley 8/2020. Una vez realizada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

-Modificaciones realizadas en el Real Decreto-ley 8/2020 por el Real Decreto-ley 26/2020. El Real Decreto-ley 26/2020 realiza las siguientes modificaciones al Real Decreto-ley 8/2020:

A) Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales: Se amplía el plazo para solicitar la moratoria al indicarse que los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar la moratoria del acreedor hasta el 29 de septiembre de 2020.

B) Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal (artículos 13.3, 14 y 15 de este real decreto-ley 8/2020) y una moratoria convencional (artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020), el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.

2.-REAL DECRETO-LEY 11/2020: MORATORIA HIPOTECARIA Y DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS

-Publicación. En el Boletín Oficial del Estado de 1 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

-Entrada en vigor. El Real decreto-ley 11/2020 entra en vigor el 2 de abril de 2020 a excepción del artículo 37, sobre Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entra en vigor el 3 de abril de 2020.

-Vigencia. Con carácter general, las medidas previstas en el Real decreto-ley 11/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real decreto-ley 11/2020 que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

-Se incluyen en la moratoria de hipotecas no solo la vivienda habitual sino también los inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y las viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler incobrado. A los efectos de la moratoria de deuda hipotecaria tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

-Se establece expresamente en la nueva redacción del artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020 que “Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. Durante el período de suspensión no se devengará interés alguno” así como que “La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes, ni novación contractual alguna, para que surta efectos, pero deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos” Además, se indica que “Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en términos o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión a la que se refiere el artículo 13, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la suspensión de las obligaciones contractuales impuesta por este real decreto-ley y solicitada por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión”. Cabe entender que la fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.

-Se establece que la solicitud de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

-Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-ley aprobado establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo. Además estas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal. Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios, regulada en los artículos 7 a 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 (aunque si con posterioridad se realiza alguna novación existe obligación de hacer mención expresa a esta suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 24.5). Téngase en cuenta que expresamente se declara en el artículo 24.3 que “Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos” y, en el artículo 25.1 al precisar los efectos de la suspensión se establece que “El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente” y, además, “No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora”. Asimismo, “La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas” (artículo 25.2). La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

-Se prevé que los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria legal en los términos del apartado 3 del artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020 y de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario en los supuestos del apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento.

-Se modifica la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, al indicarse ahora que, con carácter general, las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, aquellas medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

-Modificaciones realizadas en el Real Decreto-ley 11/2020 por el Real Decreto-ley 26/2020. El Real Decreto-ley 26/2020 realiza las siguientes modificaciones al Real Decreto-ley 11/2020:

-Plazo para solicitar la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. El plazo, para solicitar la suspensión por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, se amplía hasta el 29 de septiembre de 2020 (antes el plazo previsto era de hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma)

Grupo Fiscalidad Productos Financieros en Linkedin de Invierto y Ahorro -Concesión de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. Se suprime el párrafo que establecía que “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse los instrumentos notariales a que se refiere el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en el instrumento correspondiente.” Y se añade que cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal (artículos 24.2 y 25 Real Decreto-ley 11/2020) y una moratoria convencional (artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020), el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.

3.-REAL DECRETO-LEY 15/2020: FORMALIZACIÓN

-Publicación y entrada en vigor. En el Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en el que se aprueban las medidas que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el 23 de abril de 2020 salvo las previsiones que específicamente establezcan una fecha distinta.

-En el Real Decreto-ley 15/2020 se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En concreto, en la definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria, para considerar cuatro veces el IPREM en los supuestos de discapacidad se indica expresamente que será cuando la discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento (subapartado iv de la letra b) del apartado 1 del artículo 16) y, además, se introducen varias precisiones sobre los instrumentos notariales de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (su contenido está detallado más abajo en el apartado específico destinado a esta cuestión).

-Además cabe destacar la aprobación en el Real Decreto-ley 15/2020 de los siguientes aspectos:

3.1.-OTORGAMIENTO UNILATERAL POR EL ACREEDOR DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES EN QUE SE FORMALIZA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DERIVADA DE LA MORATORIA LEGAL DE LOS PRÉSTAMOS O CRÉDITOS GARANTIZADOS CON HIPOTECTA O MEDIANTE OTRO DERECHO INSCRIBIBLE DISTINTO (DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA)

1. El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario.

2. Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por la citada entidad, a los efectos de que pueda procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad.

3. Igualmente, será obligación unilateral de la entidad acreedora promover la formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria prevista en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y, la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes Muebles, siempre que el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo o del artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aun cuando la solicitud del acreedor o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley 15/2020.

3.2.-INSTRUMENTOS NOTARIALES SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA (DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA.TRES)

La Disposición final décima del Real Decreto-ley 15/2020 modifica el apartado 6 del artículo 24 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para establecer la siguiente previsión sobre la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria:

-Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse los instrumentos notariales a que se refiere el apartado 2 del artículo 24 del Real Decreto-ley 11/2020 (suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria). No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en el instrumento correspondiente.

Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria a que se refiere el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, serán los establecidos en el Decreto de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50% con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados.

Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, en su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refiere el artículo 21 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se minutarán de conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros.

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción previstos en este apartado serán satisfechos, en todo caso, por el acreedor.

4.-REAL DECRETO-LEY 19/2020: ACUERDOS MARCO SECTORIALES PROMOVIDOS POR LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE APLAZAMIENTO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE CLIENTES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS (ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 Y D.T. PRIMERA RDLEY 19/2020)

En el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo de 2020 se publica el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en el que con efectos desde el 28 de mayo de 2020, se establece que las entidades financieras que se adhieran a Acuerdos marco sectoriales para la concesión de moratorias convencionales con sus deudores como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 y D.T. Primera del Real Decreto-ley 19/2020 siempre que dichos Acuerdos marco sectoriales se hayan comunicado al Banco de España para su registro, que los publicará en su página web. A estos efectos se entiende por entidades financieras las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.

Las entidades financieras que se adhieran a un Acuerdo marco sectorial remitirán cada día hábil al Banco de España la siguiente información referida al día hábil precedente:

a) Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.

b) Número de suspensiones concedidas.

c) Número de solicitudes de suspensión denegadas.

d) Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en deudores y avalistas y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales.

e) Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.

f) Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende.

g) CNAE de la actividad que venía realizando el deudor.

h) Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la suspensión en escritura notarial.

Disposiciones generales sobre las moratorias convencionales suscritas al amparo de un Acuerdo marco sectorial

1. Las moratorias convencionales suscritas entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos financieros.

2. La moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone mediante:

a) La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento, o

b) La ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la moratoria.

El deudor y la entidad financiera podrán acordar la prórroga, con las mismas condiciones y prima pactadas inicialmente del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo que se hubiera contratado, con el préstamo que se nova por el mismo periodo tiempo en el que se amplíe el vencimiento de este, con el consiguiente adeudo de la prima. A estos efectos se entenderá por seguro de protección de pagos aquel que cubre la contingencia de desempleo o la incapacidad temporal del deudor asegurado, y por seguro de amortización aquel que cubre al deudor ante las contingencias de fallecimiento o invalidez sobre la totalidad o parte del capital del préstamo.

3. Las moratorias a que se refiere el apartado anterior no podrán en ningún caso:

a) Modificar el tipo de interés pactado.

b) Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, y el efecto del gasto o comisión no suponga un aumento de la Tasa Anual Equivalente (TAE) acordada en el contrato inicial, o bien se trate de la prima de la prórroga del contrato de seguro señalado en el apartado anterior.

c) Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado.

d) Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en el contrato original.

4. Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal y una moratoria convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.

5. A estos efectos, se entenderá por moratoria legal la regulada en los artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

6. Antes de la formalización de esta moratoria, la entidad financiera deberá entregar al deudor junto con la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional información simplificada sobre las condiciones del préstamo que, al menos, deberá incluir:

a) Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin ampliación de plazo, del préstamo afectado.

b) En su caso, las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo que se nova.

7. La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional a que se refiere el apartado anterior serán entregadas por la entidad financiera gratuitamente en soporte duradero al deudor por cualquier medio, incluidos los telemáticos y los servicios de banca electrónica de que disponga la entidad financiera, siempre que permitan acreditar el contenido y la entrega al deudor.

8. El acuerdo de moratoria convencional acogido a lo previsto en esta normativa podrá ser firmado por el prestatario y, en su caso, los fiadores y avalistas, de manera manuscrita, mediante firma electrónica, por el sistema de otorgamiento del consentimiento que tuvieran fijado contractualmente el deudor y la entidad financiera, o por cualquier otro medio que permita obtener válidamente el consentimiento. En todo caso, el medio empleado deberá dejar constancia del contenido y de la fecha en la que se presta el consentimiento. Para su inscripción en el Registro correspondiente el acuerdo de moratoria deberá constar en documento público, cuando, conforme a las reglas generales, resulte exigible.

9. La formalización del contrato por el que se establece la moratoria convencional acogida a un Acuerdo marco sectorial conforme a esta normativa no estará sometida a lo previsto en:

a) Los artículos 10, 11, 12, 14 y 15, el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ni

b) los artículos 7 a 12 y 14 de Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

10. La inscripción de la moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial en el correspondiente Registro tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos.

11. Los aranceles notariales y registrales de los instrumentos notariales en las que se eleve a público el acuerdo suscrito con el deudor de moratoria convencional acogida a lo previsto en esta normativa, y de la inscripción en el Registro correspondiente serán los previstos en los artículo 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 24.6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Régimen excepcional de formalización de las moratorias convencionales suscritas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

1. Cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del principal o principal e intereses de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento financiero cuya inscripción requiera la formalización en documento público y, en su caso, la prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo, la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo de moratoria suscrito por el deudor y, en su caso, los fiadores y avalistas siempre que:

a) La moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo de vencimiento, y

b) El deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario para el otorgamiento bilateral.

2. El notario protocolizará, junto al acuerdo suscrito señalado en el apartado anterior:

a) La prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo (apartado 2 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020), en su caso,

b) La información simplificada (apartado 6 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020),

c) El justificante de su recepción por el deudor, y

d) Una declaración responsable suscrita por persona con poder bastante para actuar en nombre de la entidad financiera en la que se manifieste:

i. El concreto Acuerdo marco sectorial al que se acoge la moratoria y que cumple todos los requisitos previstos en el mismo,

ii. Que el deudor ha recibido la información simplificada (apartado 6 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020),

iii. Que el consentimiento del deudor se ha prestado de conformidad con lo previsto en el apartado 8 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020, y

iv. La fecha de la firma del acuerdo de moratoria.

3. El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria convencional acogido a la presente normativa.4. El notario autorizante deberá en todo caso comprobar que por la entidad financiera se ha proporcionado al deudor la información simplificada prevista en el artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020, y rechazar el otorgamiento cuando no se ajuste a lo previsto en los artículos 6, 7 y 8.

Medidas transitorias ante moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y suscritas con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa

Las moratorias convencionales acogidas a un Acuerdo marco sectorial de los previstos en esta normativa que hayan sido suscritas por el deudor y su entidad financiera antes del 28 de mayo de 2020 se sujetarán a las reglas siguientes.

-La obligación de entrega previa de la información simplificada establecida en el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020 se considerará cumplida cuando la entidad financiera:

a) Hubiera entregado al deudor con anterioridad a la suscripción de la moratoria la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en el caso de un crédito al consumo, o la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) recogida en el anexo I de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, antes de la elevación a público prevista en el artículo 8, o bien

b) Entregue al deudor antes de la elevación a público del acuerdo de moratoria la información simplificada prevista en apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020 junto con la información del derecho que le asiste a desistir de la moratoria en el plazo de diez días, sin que el deudor haya ejercido dicho derecho.

-Las obligaciones de transparencia en relación con los contratos recogidas en el artículo 7 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, deberán cumplirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2020, es decir, en el plazo de un mes desde el 28 de mayo de 2020.

En el Real Decreto-ley 19/2020 también se aprueban las siguientes modificaciones:

1.-Modificación del Real Decreto-ley 8/2020. Se realizan también, entre otras, las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 8/2020: Se deroga el apartado segundo del artículo 16 ter relativo a la formalización en escritura pública de la moratoria hipotecaria en el que se preveía que “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas a que se refiere el artículo 13. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse en el plazo máximo de 15 días conforme al artículo 13.1, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura pública”.

2.-Modificación del Real Decreto-ley 11/2020. Se realizan también, entre otras, las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 11/2020: Se modifica el artículo 21 (Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria) para incluir expresamente las operaciones de leasing al añadir el siguiente texto: “En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos dentro del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior”.

3.-Modificación del Real Decreto-ley 15/2020. Se realizan las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 15/2020: Se modifica la Disposición Adicional Decimoquinta, relativa al otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible distinto, para indicar expresamente que “El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria legal conforme a la presente disposición”.

5.-IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

5.1.-Exención AJD préstamos moratoria hipotecaria en Real Decreto-ley 8/2020

En el Real Decreto-ley 8/2020 se aprueba una nueva exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al establecerse que se añade un nuevo número 28 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:

«28. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.»

5.2.-Exención AJD préstamos moratoria hipotecaria en Real Decreto-ley 11/2020

En el Real Decreto-ley 11/2020 se modifica la redacción del número 28 añadido al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que ahora queda con la siguiente redacción:

«28. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual».

Como puede apreciarse se ha incorporado a la redacción del número 28 el siguiente inciso: “siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual”. Por lo tanto, no podrán acogerse a esta exención las novaciones que no estén en relación con “deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual”.

5.3.-Exención AJD moratorias COVID-19 en Real Decreto-ley 19/2020

En el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 se añade un nuevo número 29) en el apartado B) del artículo 45.I del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente redacción:

«29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.»

En conclusión, se mantiene el número 28 incorporado por el Real Decreto-ley 8/2020, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, referido a “préstamos y créditos hipotecarios (…) siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual” y se añade un nuevo número 29 para referirse a:

-Moratorias previstas en artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020: Por remisión del 13.1 al artículo 12: “moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales”.

-Moratorias previstas en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020: “suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

-Moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020.

Obsérvese que la redacción sigue generando dudas en su aplicación dado que se ha mantenido el actual número 28 y, además, parece no constar expresamente incluido el supuesto relativo a las viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler incobrado.

6.-REAL DECRETO-LEY 25/2020 (ARTÍCULO 3 Y SIGUIENTES): MORATORIA HIPOTECARIA SECTOR TURÍSTICO

En el Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2020 se publica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en el que, con entrada en vigor desde el 7 de julio de 2020, se introducen las novedades que se exponen a continuación.

6.1.-Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística

Los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España tendrán derecho a la moratoria sobre el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmueble que cumpla los requisitos indicados más adelante, siempre que:

a) Experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y

b) el préstamo no haya sido ya objeto de alguna de las siguientes moratorias:

1.º La prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,

2.º La prevista en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

3.º La que voluntariamente hayan acordado entre el deudor y el acreedor después de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No obstante, el deudor podrá acogerse a la moratoria prevista en este capítulo si renuncia previamente a la moratoria voluntaria a que se refiere este número.

Cuando el préstamo haya sido objeto de alguna de las moratorias indicadas anteriormente durante un plazo inferior a los doce meses, el deudor podrá beneficiarse de la presente moratoria durante el tiempo restante hasta alcanzar un total de doce meses.

A estos efectos se entenderá por actividad turística aquella que esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que se indican más adelante.

Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, cuando los deudores hipotecarios hayan sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019. La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Los trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria cuando:

a) el préstamo cuya moratoria se solicita, habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a 7 de julio de 2020 se encuentre en mora.

b) se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ámbito objetivo de aplicación de la moratoria. Estas medidas se aplicarán a los contratos de préstamo sujetos a ley española que cuenten con garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico ejercida en territorio nacional de las indicadas más adelante, siempre que dichos contratos estuvieran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Solicitud de la moratoria. Los deudores hipotecarios podrán solicitar al acreedor un periodo de moratoria de hasta doce meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria. La solicitud podrá presentarse desde el 7 de julio de 2020 hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse. Los deudores hipotecarios deberán acreditar en el momento de solicitar la moratoria:

a) El objeto social, en su caso,

b) su domicilio fiscal,

c) el código CNAE de su actividad, y

d) que el inmueble se halle directamente afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico de las señaladas más adelante.

e) La información necesaria para justificar que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Concesión y efectos de la moratoria. Una vez que el deudor hipotecario presente su solicitud, el acreedor procederá a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales. Ello no obstante, la inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de la moratoria se extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a ella, manteniéndose inalterada su posición jurídica. La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el deudor, permaneciendo inalterado el resto del contenido del contrato, pudiendo optar el prestatario por que el importe de lo aplazado se abone mediante:

a) La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable, o

b) la ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la moratoria.

Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. El principal del préstamo cuyo pago se aplaza durante la aplicación de la moratoria devengará los intereses ordinarios establecidos en el préstamo.

El reconocimiento de la aplicación de esta moratoria no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Las personas jurídicas incluidas en esta moratoria no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria.

6.2.- Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles

Si el inmueble afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre ambas partes.

Cuando en el deudor hipotecario no concurran dificultades financieras previstas para solicitar la moratoria, pero sí en el arrendatario, este podrá instar de su arrendador la solicitud de la moratoria hipotecaria, a cuyo fin le facilitará la documentación necesaria para acreditar dicha situación y poder presentar la solicitud de moratoria. Una vez concedida la moratoria, será de aplicación lo indicado anteriormente sobre sus efectos en el arrendatario.

En estos supuestos la regulación establecida para las personas jurídicas consistente en no poder distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria deberá entenderse que será de aplicación al arrendatario y no al deudor.

6.3.-Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro de la Propiedad

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario que incluya la moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los siguientes términos:

a) Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a las escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.

b) Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y el máximo de 50 euros.

Formalizada la escritura pública se remitirá por el notario autorizante al Registro de la Propiedad través de cualquiera de los medios de presentación que permite la Ley hipotecaria.

6.4.-Ámbito de aplicación de la moratoria hipotecaria en el sector turístico

Las actividades económicas del sector turístico a las que resulta de aplicación la moratoria hipotecaria al sector turístico serán las encuadradas en el código CNAE 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 (Actividades de agencias de viajes).

6.5.-Fiscalidad

Al objeto de reconocer la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se añade un nuevo número 30 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:

«30. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 2020.»

Por lo tanto, la exención para la moratoria hipotecaria al sector turístico queda claramente definida en este nuevo número aprobado por el presente Real Decreto-ley.

7.-REAL DECRETO LEY 26 2020: MORATORIAS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS Y DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBÚS

El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con entrada en vigor desde el 9 de julio de 2020, aprueba moratorias en el sector del transporte en los términos que se exponen a continuación.

7.1.-Moratoria temporal en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías

Se establece en favor de las personas jurídicas y los autónomos, cuya actividad empresarial incluya la realización de transporte público de viajeros o de mercancías, una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías, incluyendo el transporte de carbón de centrales térmicas, de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, que estuvieran vigentes a 9 de julio de 2020, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras, en la forma indicada más adelante, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

No será de aplicación la moratoria en el supuesto de aquellos autobuses vinculados a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general en el marco de un contrato con una Administración Pública o sujetos a obligaciones de servicio público, en el 9 de julio de 2020. A tales efectos, las personas jurídicas y autónomos deberán presentar al acreedor una declaración responsable de no estar vinculados a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general en los términos señalados.

7.2.-Definición de dificultades financieras

Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria a estos efectos, cuando el autónomo o persona jurídica haya sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% respecto al promedio mensual de los mismos meses del año 2019.

La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 40% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. En este último caso, la solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, cuando:

a) El préstamo, leasing o renting cuya moratoria se solicita habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a 9 de julio de 2020 se encuentre en mora.

b) Se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

7.3.-Solicitud de la moratoria

Los autónomos y personas jurídicas que puedan acceder a esta moratoria podrán solicitar al acreedor un periodo de moratoria de hasta un máximo de seis meses desde el 9 de julio de 2020 en el pago del principal de las cuotas de los contratos detallados previamente.

La solicitud podrá presentarse desde el 9 de julio de 2020 hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la COVID 19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse.

7.4.-Concesión y efectos de la moratoria

-Una vez que el autónomo o persona jurídica realice su solicitud y acredite la existencia de dificultades financieras mediante la aportación de la documentación requerida, el acreedor o arrendatario procederá a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales. No obstante, la inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos, aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de la moratoria se extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a ella, manteniéndose inalterada su posición jurídica.

-La moratoria conllevará la suspensión de los pagos del principal de las cuotas del contrato durante el plazo solicitado por el deudor o arrendatario y desde la fecha de la solicitud y entrega de la documentación, permaneciendo inalterado el resto del contenido del contrato inicial, pudiendo optar el beneficiario de la moratoria por que el importe de lo aplazado se abone mediante:

a) La ampliación del plazo de vencimiento en un número de cuotas equivalente a la duración de la moratoria, o

b) La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable.

-El principal cuyo pago se aplaza durante la aplicación de la moratoria devengará los intereses ordinarios establecidos en el contrato inicial.

-Cuando el contrato ya haya sido objeto de alguna moratoria, legal o convencional, con una duración un plazo inferior a 6 meses, el deudor o arrendatario podrá beneficiarse de la moratoria prevista en este capítulo durante el tiempo restante hasta alcanzar un total de 6 meses.

-Las personas jurídicas beneficiarias no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria.

-La moratoria en el pago del principal de las cuotas no será aplicable a sujetos o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley 26/2020.

-Una vez aplicada la moratoria el acreedor o arrendador, cuando se trate de una entidad supervisada por el Banco de España, comunicará a este su existencia y duración. Los importes que serían exigibles al deudor o arrendatario de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.

8.-REAL DECRETO LEY 27 2020: MODIFICACIONES A MORATORIAS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS Y DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBÚS (DEROGADO)

El Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto de 2020 publica el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, en el que se aprueban las medidas que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el 5 de agosto de 2020. Téngase en cuenta que el Real Decreto-ley 27/2020 ha sido derogado conforme a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 11 de septiembre de 2020 de la Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

8.1.-Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las moratorias (derogado)

Se modifica el número 30 del artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para incluir en la exención de este impuesto la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, aprobada por el Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. El texto del indicado número 30 queda redactado del siguiente modo:

«30. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.»

8.2.-Bonificación del pago de aranceles notariales y del registro de la propiedad en las moratorias (derogado)

En la disposición adicional quinta se establece que los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria señalada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los siguientes términos:

a) Por el otorgamiento de la escritura se devengará el mismo arancel que, para las escrituras de novación hipotecaria, se establece en la letra f) del apartado 1 del número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.

b) Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del Anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y el máximo de 50 euros.

Además, los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo, leasing y renting a los que se refieren los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán los establecidos en el Decreto de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 % con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados. Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, en su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refieren los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020 se minutarán de conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio de 1999, por la cantidad fija de 6 euros.

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