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Última actualización de este artículo: 15 de abril de 2020.

REAL DECRETO-LEY 14/2020 POR EL QUE SE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE DETERMINADAS DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

En el Boletín Oficial del Estado de 15 de abril de 2020 se publica el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, en el que, con entrada en vigor desde el 15 de abril de 2020, se aprueba la extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones en los términos que se exponen a continuación.

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, por lo tanto, en el ámbito del IVA, Impuesto sobre Sociedades y resto de impuestos estatales, y para aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril de 2020 y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta el 20 de mayo de 2020. Además se establece que si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020 (respecto a las domiciliaciones que se hayan efectuado hasta el 15 de abril de 2020, el cargo en cuenta se realizará el 20 de mayo de 2020).

Modificaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Imagen de la guía de fiscalidad y tributación de los productos financieros de Invierto y Ahorro Respecto del volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, puede considerarse, según informa la Agencia Tributaria, que el volumen de operaciones será el previsto en el artículo 121 de la Ley del IVA, y en su defecto cuando no exista obligación de presentar declaraciones relativas al IVA (por ejemplo en el caso de operaciones exclusivamente exentas previsto en el tercer párrafo del artículo 71.1 del RIVA o en el caso de régimen especial del recargo de equivalencia), el Importe Neto de la Cifra de Negocios del Impuesto sobre Sociedades o el equivalente en el caso del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. Asimismo, téngase en cuenta que, en el caso de los obligados que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, será requisito necesario que su último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.

Además debe prestarse atención a que esta extensión de los plazos no resultará de aplicación a los siguientes supuestos:

-Grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios.

-Grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.

-Presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo.

VALORACIÓN

La medida aprobada representa un esfuerzo para dar un alivio financiero a PYMES y a autónomos pero debe también observarse que ha llegado tarde en el tiempo. Tarde porque se publica en el BOE de 15 de abril de 2020 que es precisamente el último día para poder domiciliar la presentación de impuestos y, por otra parte, a escasos días de finalizar el plazo de presentación. Si la medida hubiera sido aprobada y publicada antes del 1 de abril de 2020 sus efectos hubieran sido más eficaces al permitir "liberar" a estos contribuyentes de la obligación de buscar y preparar la documentación oportuna (algunos con sus negocios cerrados y otros tal vez afectados por la situación sanitaria); sin embargo, a la fecha en la que se publica, un ordenado empresario ya habrá realizado esta labor de preparación de documentación que podría haberse evitado con una acción legislativa más temprana en el tiempo.

Por otra parte, la medida resulta muy escasa en cuanto al alcance de los contribuyentes (volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019). No se ha tenido en cuenta que muchas actividades permanecen cerradas por ley cuando para evitar desplazamientos en búsqueda de documentación a sus negocios cerrados (exponiéndose a la enfermedad) y para aceptar la lógica de que no actividad es igual a no ingresos (y ello se supone que debería ser igual a no tributación, recuérdese el artículo 31 de la Constitución y se mandato expreso de que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica"), parece que hubiera sido más oportuno un alcance más amplio de los contribuyentes que pueden aplicar este Real Decreto-ley (al menos los negocios que tienen impedida su actividad por actual situación sanitaria).

Además, ha resultado ser una ampliación de plazo muy corta ya que solo se extiende hasta el 20 de mayo de 2020. Esta extensión de plazo es tan pequeña que únicamente representará un poco de alivio; es decir, los contribuyentes beneficiados no tendrán que ir con las prisas habituales (no olvidemos que preparar todo en 20 días es ir con prisas) y podrán disfrutar de un poco más de plazo. Los plazos tan cortos previstos en la normativa fiscal pueden funcionar en una situación normal pero encajan difícilmente en la situación actual por lo que parece que hubiera sido más conveniente una ampliación mayor e incluso, buscando la simplificación de los trámites administrativos, orientada a unificar el primer trimestre con el segundo trimestre. La ampliación del plazo hasta el 20 de julio de 2020 hubiera permitido agrupar el trabajo del primer trimestre con el segundo trimestre facilitando así las tareas administrativas de PYMES y autónomos que entonces hubieran podido hacer un 2 X 1 (en julio hubieran presentado el primero y segundo trimestre), pero es que, además, en ese caso, también hubiera podido simplificarse el trámite administrativo ya que podía haberse agrupado, por Real Decreto-ley, el primero y segundo trimestres de 2020 en un único primer semestre de 2020.

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