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Última actualización de este artículo: 27 de mayo de 2020.

NOVEDADES EN REAL DECRETO-LEY 19/2020 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS

En el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo de 2020 se publica el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en el que se aprueban las novedades que se exponen a continuación con efectos desde el 28 de mayo de 2020.

1.-IMPUESTO SOCIEDADES. PRESENTACIÓN DECLARACIONES IMPUESTO SOCIEDADES POR CONTRIBUYENTES QUE SE AJUSTEN PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020 (ARTÍCULO 12)

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Novedades en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Imagen de la guía de fiscalidad y tributación de los productos financieros de Invierto y Ahorro Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020.

b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

2. En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con arreglo a lo dispuesto anteriormente, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo).

b) En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

A estos efectos, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en esta normativa, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo indicado anteriormente para la presentación de la nueva autoliquidación.

No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del anterior punto 2 resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

4. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere esta normativa podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del anterior punto 2.

2.-IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Se añade un nuevo número 29) en el apartado B) del artículo 45.I del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente redacción:

«29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.»

En conclusión, se mantiene el número 28 incorporado por el Real Decreto-ley 8/2020, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, referido a “préstamos y créditos hipotecarios (…) siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual” y se añade un nuevo número 29 para referirse a:

Invierto y Ahorro en Facebook para conocer las novedades fiscales en España -Moratorias previstas en artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020: Por remisión del 13.1 al artículo 12: “moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales”.

-Moratorias previstas en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020: “suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

-Moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020.

Obsérvese que la redacción sigue generando dudas en su aplicación dado que se ha mantenido el actual número 28 y, además, parece no constar expresamente incluido el supuesto relativo a las viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler incobrado.

3.-APLAZAMIENTOS A PYMES Y AUTÓNOMOS

El aplazamiento de deudas tributarias previsto en el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, cuando el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019, se modifica para cambiar las condiciones de dicho aplazamiento que será las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento (antes durante los primeros tres meses del aplazamiento).

4.-APLAZAMIENTO DE DEUDAS DERIVADAS DE DECLARACIONES ADUANERAS

El aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras previsto en el artículo 52 del Real Decreto-ley 11/2020, cuando el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019, se modifica para cambiar las condiciones de dicho aplazamiento que será las siguientes:

a) El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento (antes durante los primeros tres meses del aplazamiento).

5.-LISTAS PÚBLICAS DE MOROSOS A HACIENDA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PUBLICACIÓN (D.A.TERCERA)

La publicación a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso superiores a 1.000.000 de euros) derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en aquel, se producirá, en todo caso, antes del 1 de octubre de 2020.

6.-ACUERDOS MARCO SECTORIALES PROMOVIDOS POR LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE APLAZAMIENTO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE CLIENTES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS (ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 Y D.T. PRIMERA RDLEY 19/2020)

Las entidades financieras que se adhieran a Acuerdos marco sectoriales para la concesión de moratorias convencionales con sus deudores como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 del presente Real Decreto-ley 19/2020 siempre que dichos Acuerdos marco sectoriales se hayan comunicado al Banco de España para su registro, que los publicará en su página web. A estos efectos se entiende por entidades financieras las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.

Las entidades financieras que se adhieran a un Acuerdo marco sectorial remitirán cada día hábil al Banco de España la siguiente información referida al día hábil precedente:

a) Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.

b) Número de suspensiones concedidas.

c) Número de solicitudes de suspensión denegadas.

d) Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en deudores y avalistas y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales.

e) Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.

f) Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende.

g) CNAE de la actividad que venía realizando el deudor.

h) Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la suspensión en escritura notarial.

Disposiciones generales sobre las moratorias convencionales suscritas al amparo de un Acuerdo marco sectorial

1. Las moratorias convencionales suscritas entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos financieros.

2. La moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone mediante:

a) La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento, o

b) La ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la moratoria.

El deudor y la entidad financiera podrán acordar la prórroga, con las mismas condiciones y prima pactadas inicialmente del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo que se hubiera contratado, con el préstamo que se nova por el mismo periodo tiempo en el que se amplíe el vencimiento de este, con el consiguiente adeudo de la prima. A estos efectos se entenderá por seguro de protección de pagos aquel que cubre la contingencia de desempleo o la incapacidad temporal del deudor asegurado, y por seguro de amortización aquel que cubre al deudor ante las contingencias de fallecimiento o invalidez sobre la totalidad o parte del capital del préstamo.

3. Las moratorias a que se refiere el apartado anterior no podrán en ningún caso:

a) Modificar el tipo de interés pactado.

b) Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, y el efecto del gasto o comisión no suponga un aumento de la Tasa Anual Equivalente (TAE) acordada en el contrato inicial, o bien se trate de la prima de la prórroga del contrato de seguro señalado en el apartado anterior.

c) Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado.

d) Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en el contrato original.

4. Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal y una moratoria convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.

5. A estos efectos, se entenderá por moratoria legal la regulada en los artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

6. Antes de la formalización de esta moratoria, la entidad financiera deberá entregar al deudor junto con la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional información simplificada sobre las condiciones del préstamo que, al menos, deberá incluir:

a) Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin ampliación de plazo, del préstamo afectado.

b) En su caso, las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo que se nova.

7. La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional a que se refiere el apartado anterior serán entregadas por la entidad financiera gratuitamente en soporte duradero al deudor por cualquier medio, incluidos los telemáticos y los servicios de banca electrónica de que disponga la entidad financiera, siempre que permitan acreditar el contenido y la entrega al deudor.

8. El acuerdo de moratoria convencional acogido a lo previsto en esta normativa podrá ser firmado por el prestatario y, en su caso, los fiadores y avalistas, de manera manuscrita, mediante firma electrónica, por el sistema de otorgamiento del consentimiento que tuvieran fijado contractualmente el deudor y la entidad financiera, o por cualquier otro medio que permita obtener válidamente el consentimiento. En todo caso, el medio empleado deberá dejar constancia del contenido y de la fecha en la que se presta el consentimiento. Para su inscripción en el Registro correspondiente el acuerdo de moratoria deberá constar en documento público, cuando, conforme a las reglas generales, resulte exigible.

9. La formalización del contrato por el que se establece la moratoria convencional acogida a un Acuerdo marco sectorial conforme a esta normativa no estará sometida a lo previsto en:

a) Los artículos 10, 11, 12, 14 y 15, el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ni

b) los artículos 7 a 12 y 14 de Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

10. La inscripción de la moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo marco sectorial en el correspondiente Registro tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos.

11. Los aranceles notariales y registrales de los instrumentos notariales en las que se eleve a público el acuerdo suscrito con el deudor de moratoria convencional acogida a lo previsto en esta normativa, y de la inscripción en el Registro correspondiente serán los previstos en los artículo 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 24.6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Régimen excepcional de formalización de las moratorias convencionales suscritas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

1. Cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del principal o principal e intereses de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento financiero cuya inscripción requiera la formalización en documento público y, en su caso, la prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo, la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo de moratoria suscrito por el deudor y, en su caso, los fiadores y avalistas siempre que:

a) La moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo de vencimiento, y

b) El deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario para el otorgamiento bilateral.

2. El notario protocolizará, junto al acuerdo suscrito señalado en el apartado anterior:

a) La prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo (apartado 2 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020), en su caso,

b) La información simplificada (apartado 6 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020),

c) El justificante de su recepción por el deudor, y

d) Una declaración responsable suscrita por persona con poder bastante para actuar en nombre de la entidad financiera en la que se manifieste:

i. El concreto Acuerdo marco sectorial al que se acoge la moratoria y que cumple todos los requisitos previstos en el mismo,

ii. Que el deudor ha recibido la información simplificada (apartado 6 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020),

Grupo Fiscalidad Productos Financieros en Linkedin de Invierto y Ahorro iii. Que el consentimiento del deudor se ha prestado de conformidad con lo previsto en el apartado 8 del artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020, y

iv. La fecha de la firma del acuerdo de moratoria.

3. El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria convencional acogido a la presente normativa.4. El notario autorizante deberá en todo caso comprobar que por la entidad financiera se ha proporcionado al deudor la información simplificada prevista en el artículo 7 Real Decreto-ley 19/2020, y rechazar el otorgamiento cuando no se ajuste a lo previsto en los artículos 6, 7 y 8.

Medidas transitorias ante moratorias acogidas a un Acuerdo marco sectorial y suscritas con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa

Las moratorias convencionales acogidas a un Acuerdo marco sectorial de los previstos en esta normativa que hayan sido suscritas por el deudor y su entidad financiera antes del 28 de mayo de 2020 se sujetarán a las reglas siguientes.

-La obligación de entrega previa de la información simplificada establecida en el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020 se considerará cumplida cuando la entidad financiera:

a) Hubiera entregado al deudor con anterioridad a la suscripción de la moratoria la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en el caso de un crédito al consumo, o la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) recogida en el anexo I de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, antes de la elevación a público prevista en el artículo 8, o bien

b) Entregue al deudor antes de la elevación a público del acuerdo de moratoria la información simplificada prevista en apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020 junto con la información del derecho que le asiste a desistir de la moratoria en el plazo de diez días, sin que el deudor haya ejercido dicho derecho.

-Las obligaciones de transparencia en relación con los contratos recogidas en el artículo 7 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, deberán cumplirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2020, es decir, en el plazo de un mes desde el 28 de mayo de 2020.

7.-MORATORIA EN COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS: FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE DEUDAS EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACONES ELECTRÓNICAS (ARTÍCULO 3)

Los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, previa solicitud de estos, un fraccionamiento y, en consecuencia, aplazamiento de la deuda correspondiente a las facturas presentadas al cobro desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive.

Las condiciones del fraccionamiento y aplazamiento serán las siguientes:

a) El fraccionamiento será lineal a lo largo de los meses aplazados.

b) El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, ya sea superior o inferior.

c) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda determinará la suspensión del derecho de los abonados a la conservación de los números que les hayan sido asignados en caso de cambio del operador que preste el servicio, hasta el momento en el que el abonado esté al corriente de la deuda aplazada o, en todo caso, durante el plazo de seis meses a contar desde el 28 de mayo de 2020.

Aquellos abonados que no soliciten o que no acepten el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en los términos indicados en el apartado anterior, tendrán suspendido el derecho de conservación de numeración por cambio de operador hasta que el abonado salde la deuda contraída con el operador y, en todo caso, por un período de tres meses a contar desde el día en que finalice la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas.

No obstante lo anterior, los abonados no tendrán suspendido su derecho a la conservación de los números asignados en caso de cambio del operador cuando comuniquen al operador su disconformidad con la factura y, en ausencia de respuesta satisfactoria, hayan interpuesto la correspondiente reclamación ante un organismo oficial.

A estos efectos, el operador deberá resolver la reclamación que le presente el abonado en un plazo máximo de una semana. Esta resolución o la ausencia de la misma en ese plazo máximo, legitimará al abonado para acudir ante los organismos oficiales que tramiten reclamaciones de usuarios finales.

8.-OTRAS MEDIDAS

8.1.-Modificación del Real Decreto-ley 8/2020. Se realizan también, entre otras, las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 8/2020:

a) Se deroga el apartado segundo del artículo 16 ter relativo a la formalización en escritura pública de la moratoria hipotecaria en el que se preveía que “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas a que se refiere el artículo 13. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la de la moratoria, que deberá aplicarse en el plazo máximo de 15 días conforme al artículo 13.1, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura pública”.

b) Se deroga el artículo 20 en el que se regulaba la suspensión de la portabilidad de numeración fija y móvil.

c) Se da nueva redacción al artículo 40 sobre medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado en la parte relativa a formulación de cuentas y Juntas.

8.2.-Modificación del Real Decreto-ley 11/2020. Se realizan también, entre otras, las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 11/2020:

a) Se modifica el artículo 21 (Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria) para incluir expresamente las operaciones de leasing al añadir el siguiente texto: “En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos dentro del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior”.

8.3.-Modificación del Real Decreto-ley 15/2020. Se realizan las siguientes modificaciones del Real Decreto-ley 15/2020:

a) Con efectos 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional segunda (Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social)

b) Se modifica la Disposición Adicional Decimoquinta, relativa al otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible distinto, para indicar expresamente que “El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria legal conforme a la presente disposición”.

8.4.-Prórroga de vigencia de las medidas del Real Decreto-ley 13/2020 de empleo agrario (Artículo 1 y D.A. 2). Quedan prorrogadas las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, previstas en los artículos 1 a 5 y disposiciones adicionales primera y segunda del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, hasta el 30 de septiembre de 2020. Las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización. Asimismo se prevé, en la disposición adicional segunda un régimen especial aplicable a los jóvenes, nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años que hayan sido empleados en el sector agrario con base en el Real Decreto-ley 13/2020, cuando finalice su vigencia.

9.-VALORACIÓN

1.-Se vuelve a regular la exención de ITPAJD (por tercera vez) pero la normativa sigue dando lugar a dudas de interpretación. Se ha añadido un nuevo número 29) en el apartado B) del artículo 45.I del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, pero se sigue manteniendo el actual número 28 y, además, parece no constar expresamente incluido en la exención el supuesto relativo a las viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler incobrado.

2.-¿Nuestro sistema constitucional ampara la redistribución, por Real Decreto-ley, de la riqueza? Los diferentes Reales Decreto-ley publicados con motivo del COVID-19 aprueban normas que determinan un perjuicio patrimonial para unas partes (arrendadores, entidades financieras…) y ahora también operadores de comunicaciones electrónicas, en beneficio de otras partes contractuales (arrendatarios, prestatarios…) sin ninguna compensación a las primeras. Así la Ley atribuye un beneficio a una parte contractual, no contra los Presupuestos Generales del Estado, sino contra el patrimonio individualizado de las otras partes contractuales, dando por lo tanto a unos lo que, en principio pertenece a otros, sin compensación alguna y haciendo recaer el peso de la solidaridad impuesta solo sobre una parte en lugar de ser costeado por el sector público.

10.-OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON ESTA EXPOSICIÓN

-MORATORIA DEUDA HIPOTECARIA Y OTROS CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS. Aplicación de la moratoria de las deudas hipotecarias y sobre otros créditos y préstamos no hipotecarios aprobadas con motivo de la situación sanitaria Coronavirus / COVID-19.

-MORATORIA EN COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. Aplicación de la moratoria en comunicaciones electrónicas: fraccionamientos y aplazamientos de deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas aprobadas con motivo de la situación sanitaria Coronavirus / COVID-19.

-LISTAS PÚBLICAS DE MOROSOS Y DEFRAUDADORES A HACIENDA. Regulación sobre las listas públicas de morosos y de defraudadores a Hacienda

-RESUMEN NORMATIVA FISCAL CORONAVIRUS / COVID-19. Resumen de la normativa de fiscalidad por Coronavirus / COVID-19: Aplazamientos y suspensiones deudas y liquidaciones tributarias por coronavirus COVID-19 y otras medidas fiscales aprobadas en España y sus Comunidades Autónomas.

-CÓDIGO LEGAL CORONAVIRUS / COVID-19. En este apartado tenéis un código legal gratuito con la normativa vigente en España relacionada con el coronavirus COVID-19.

-2020 2P - REAL DECRETO-LEY 17/2020 MEDIDAS SECTOR CULTURAL. Novedades en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

-2020 2P - REAL DECRETO-LEY 15/2020 VARIAS MEDIDAS POR SITUACIÓN COVID-19. Modificaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

-2020 2P - REAL DECRETO-LEY 14/2020 AMPLIACIÓN PLAZO DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. Modificaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

-2020 2P - REAL DECRETO-LEY 11/2020 DE MEDIDAS SOCIAL Y ECONÓMICAS COVID-19. Modificaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

-2020 1P - REAL DECRETO 465/2020 MODIFICA EL REAL DECRETO 463/2020 (DECLARACIÓN ESTADO ALARMA) Y REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE MEDIDAS ECONÓMICAS COVID-19. Modificaciones aprobadas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

-2020 1P - REAL DECRETO 463/2020: DECLARADO EL ESTADO DE ALARMA EN TODA ESPAÑA. Declaración del estado de alarma en toda España desde el 14 de marzo de 2020 en virtud del Real Decreto 463/2020.

-2020 1P - REAL DECRETO-LEY 7/2020 DE MEDIDAS ECONÓMICAS COVID-19. Novedades aprobadas en Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

-CÓDIGO FISCAL DE ESPAÑA. En este apartado tenéis un código fiscal gratuito de España con la normativa vigente.

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