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Última actualización de este artículo: 13 de mayo de 2021.

1.-REAL DECRETO-LEY 8/2021: FIN ESTADO ALARMA, ARRENDAMIENTOS, FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS, GARANTÍA DE SUMINISTROS Y OTRAS MEDIDAS

En el Boletín Oficial del Estado de 5 de mayo de 2021 se publica el Real Decreto-ley de España 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo de 2021 se publica la Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. En esta nueva normativa se aprueban las medidas que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el día 9 de mayo de 2021.

1.1.-FIN DEL ESTADO DE ALARMA REAL DECRETO 926/2020 Y NUEVA NORMALIDAD SUPERVISADA EXCLUSIVAMENTE POR EL TRIBUNAL SUPREMO (DESDE 9 DE MAYO DE 2021)

En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 8/2021 se indica que:

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Imagen de la guía de fiscalidad y tributación de los productos financieros de Invierto y AhorroAnte la inminente finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y prorrogado tras el acuerdo del Congreso de los Diputados de 27 de octubre de 2020 mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, resulta ineludible y urgente abordar la reforma del recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a fin de evitar que la situación jurídica descrita en los párrafos precedentes vuelva a producirse, pues los efectos adversos de la pandemia sobre la salud de los ciudadanos persisten y, una vez decaiga el estado de alarma, las autoridades sanitarias podrán seguir precisando para combatirlo de la adopción de medidas urgentes y necesarias para la salud pública que, en el caso de que restrinjan o limiten derechos fundamentales de los ciudadanos, requerirán de la preceptiva autorización o ratificación judicial por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Es imprescindible, por tanto, que, en el momento de expiración de la vigencia del estado de alarma, el sistema procesal previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuente con un mecanismo idóneo que permita a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo resolver las dudas y divergencias que, sobre la interpretación y aplicación del marco normativo estatal, se puedan generar en los procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias.

En consecuencia, se reconoce expresamente la necesidad de mantener medidas restrictivas de libertades pero no se adopta ninguna medida legislativa a nivel nacional que regule un marco normativo compatible con nuestra Constitución y se deja la defensa del orden jurídico, del estado de derecho y de nuestra Constitución a la intervención del poder judicial como último representante del Estado para defender el orden constitucional ante las decisiones gubernativas autonómicas a las que, en principio, no se les impone ningún límite desde el Gobierno y ni desde el poder legislativo estatal (“las autoridades sanitarias podrán seguir precisando para combatirlo de la adopción de medidas urgentes y necesarias para la salud pública que, en el caso de que restrinjan o limiten derechos fundamentales de los ciudadanos, requerirán de la preceptiva autorización o ratificación judicial”)

-En el artículo 15 se introduce una modificación a la Ley 29/1998, de 13 de julio, al objeto de modificar la regulación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de posibilitar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en relación con la revisión de la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales justificadas por la acción de las Administraciones Públicas para combatir la pandemia del coronavirus dirigidas a la ciudadanía de modo que pueda fijarse doctrina legal unificada que evite la coexistencia de resoluciones con sentido contradictorio en distintas Comunidades Autónomas. Todo ello, con intervención de las administraciones públicas autonómica y estatal, además de la del Ministerio Fiscal, y estableciendo en procedimiento con un plazo muy breve de tiempo (días). De modo que mientras, por un lado, desde el Gobierno y el Poder Legislativo se desoyen las peticiones del Poder Judicial para renovar sus cargos, con retrasos continuados que afectan al funcionamiento propio de las instituciones judiciales; por otra parte, se exige al Poder Judicial su implicación en la solución de los conflictos que necesariamente se producirán por la ausencia de un entorno normativo que no se ha regulado por el Gobierno y por el Poder Legislativo estatal y exigiendo, además, su solución al Poder Judicial en brevísimos plazos de días. En conclusión, mientras unos poderes de nuestro estado de derecho son incapaces de cumplir con su cometido durante años vienen ahora a exigir a otro poder del estado, el Judicial, que resuelva asuntos complejos, no regulados, en brevísimos plazos de días.

En conclusión, no actuando el Gobierno, ni el poder legislativo estatal, la defensa de nuestro actual marco de convivencia, la constitución, ante las decisiones que a partir de ahora adopten las autoridades gubernativas autonómicas llegarán hasta la última barrera de protección del orden constitucional y de nuestra democracia y será, por lo tanto, el poder judicial quien defina la robustez de nuestro sistema democrático con sus consiguientes repercusiones presentes y futuras.

1.2.-ARRENDAMIENTOS (ARTÍCULO 7: MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020)

-Las medidas previstas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativas a la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que estaban previstas hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, prorrogado por Real Decreto 956/2020, se extienden ahora hasta el 9 de agosto de 2021.

Invierto y Ahorro en Facebook para conocer las novedades fiscales en España -Las medidas previstas en el artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativas a la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal, que estaban previstas hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, prorrogado por Real Decreto 956/2020, se extienden ahora hasta el 9 de agosto de 2021.

-Las medidas previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativas a la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que estaba prevista hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, prorrogado por Real Decreto 956/2020, se extiende ahora hasta el 9 de agosto de 2021.

-Las medidas previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativas a la aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda, que estaba prevista hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, prorrogado por Real Decreto 956/2020, se extiende ahora hasta el 9 de agosto de 2021.

1.3.-COMPENSACIÓN ARRENDADORES (ARTÍCULO 8: MODIFICACIÓN REAL DECRETO-LEY 37/2020)

-La solicitud de compensación prevista en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, para los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, que estaba previsto pudiera presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 se establece ahora que podrá presentarse hasta el 9 de septiembre de 2021.

-La solicitud de compensación prevista en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, para los propietarios de las viviendas afectadas por las medidas adoptadas conforme al artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, que estaba previsto pudiera presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 se establece ahora que podrá presentarse hasta el 9 de septiembre de 2021.

1.4.-FLEXIBILIZACIÓN TEMPORAL DEL USO DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS CON LA FINALIDAD DE PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 (ARTÍCULO 12)

-Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo de educación y promoción de las cooperativas regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento. A estos efectos, el Fondo de educación y promoción destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de diez años.

b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

-Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Consejo Rector podrá asumir excepcionalmente la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de educación y promoción en los términos indicados anteriormente, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

-A estos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 y el artículo 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Por tanto, el Fondo de educación y promoción que haya sido aplicado conforme a la letra a) del apartado 1 del presente artículo, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

-Además se deroga el artículo 13 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo en el que se regulaban medidas extraordinarias para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.

1.5.-GARANTÍA DE SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA A CONSUMIDORES VULNERABLES (ARTÍCULO 4)

-Hasta el 9 de agosto de 2021 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad.

Grupo Fiscalidad Productos Financieros en Linkedin de Invierto y Ahorro Asimismo, para los consumidores anteriores, el periodo durante el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente.

-También será de aplicación la prohibición de la suspensión de suministro indicada anteriormente a aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por certificación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante la empresa suministradora, a la que se acompañará:

a) Fotocopia del NIF o NIE del consumidor del punto de suministro de la vivienda, así como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda.

b) Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los citados en la letra a). Para dicha solicitud, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

A los efectos de lo previsto en este apartado, serán mediadores sociales las entidades del Tercer Sector de acción social que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

1.6.-OTRAS MODIFICACIONES

También se realizan las siguientes modificaciones normativas:

-En el artículo 1 se regula el control sanitario de los pasajeros internacionales y, además, se deroga la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en la que se regulaba el control sanitario de los pasajeros internacionales.

-En los artículos 2 y 3 se regulan medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal estableciéndose que la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021 aunque se prevé que, excepcionalmente, durante dicho período la junta de propietarios podrá reunirse a solicitud del presidente o de la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación, si fuera necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021.

-En los artículos 5 y 6 se regula el derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.

-En el artículo 11, con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 24 meses más el plazo de 36 meses contemplado en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto en dicha letra para obtener la calificación de «Sociedad Laboral». Esta prórroga extraordinaria será aplicable a las sociedades laborales constituidas durante los años 2017, 2018 y 2019.

-Se deroga el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 sobre contratación del sector Público.

2.-OTRAS NORMAS

En el Boletín Oficial del Estado de 13 de mayo de 2021 se publican las siguientes normas:

1.-Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

2.-Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

3.-Orden CUD/464/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y regula la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Se modifica la disposición adicional primera, relativa al procedimiento para la obtención del certificado cultural en el supuesto de inversiones en producciones de largometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental para las que no se solicite ayudas a la producción y que vayan a acogerse a la deducción establecida en el artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En el supuesto de inversiones en producciones españolas, la Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, ya determina que el certificado cultural se debe solicitar junto al certificado de nacionalidad. Sin embargo, se ha considerado necesario establecer tanto el procedimiento como los criterios específicos para la obtención del certificado cultural por aquellas empresas inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales, conforme se regula en el artículo 36.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, y que no requieren solicitar el certificado de nacionalidad española. Además, se incluye un Anexo, mediante el apartado ocho, que recoge el baremo específico para la acreditación del carácter cultural de estas producciones. La entrada en vigor de esta orden se establece para el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con la salvedad del procedimiento de solicitud para la obtención del certificado cultural en el supuesto de las inversiones a las que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, regulado en el apartado 3 de la disposición adicional primera según la nueva redacción que establece el apartado tres del artículo único, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021, momento a partir del cual estará a disposición de las personas interesadas el nuevo formulario en la sede electrónica asociada del Ministerio de Cultura y Deporte.

3.-OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON ESTA EXPOSICIÓN

-MORATORIA Y OTROS MEDIDAS SOBRE ARRENDAMIENTOS. Aplicación de la moratoria y otras medidas sobre arrendamientos aprobadas con motivo de la situación sanitaria Coronavirus / COVID-19.

-GARANTÍA DE SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA A CONSUMIDORES VULNERABLES: STOP INTERRUPCIÓN SERVICIO HASTA 9 DE AGOSTO DE 2021. Artículo permanente dedicado a la Garantía del Suministro de Agua y Energía a consumidores vulnerables aprobada en el Real Decreto-ley 37/2020 y en el presente Real Decreto-ley 8/2021.

-CÓDIGO FISCAL DE ESPAÑA. En este apartado está disponible un código fiscal gratuito de España con la normativa vigente.

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